Buenos Aires. Tres entidades rurales, que integran la “Mesa de Enlace”, que realizó un paro golpista contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner entre marzo y julio de 2008, comenzaron hoy un paro de actividades por 72 horas en la comercialización de granos, apoyados por la opositora alianza Cambiemos, en momentos de un rebrote del Covid 19, y una verdadera guerra antivacunas que mantiene esa misma posición y sus aliados los medios masivos de comunicación.

En este caso la Mesa de Enlace está constituida por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria, aunque no acompaña Coninagro.

El gobierno de Alberto Fernández había decidido levantar en forma parcial la suspensión las exportaciones de maíz. Sin embrago, esto no alteró al decisión de las entidades rurales, que a su vez, han mantenido la actitud de escamotear el pago en dólares por sus exportaciones, creando una situación difícil para la actual administración.

Algunos dirigentes del paro patronal sostienen que el gobierno tiene decidido bajar los precios internos del maíz, entre otras maniobras especulativas tratando de justificar la medida y argumentando que no está muy claro para ellos el cupo de 30 mil toneladas de exportación, aunque se conoce que no hay límites oficiales.

Otro argumento es que no quieren que vuelvan los registros de exportación que se impusieron durante el gobierno de Fernández de Kircner en función de defender que no se desabasteciera el mercado interno.

El derechista ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), de Cambiemos, prácticamente favoreció a las grandes empresas del campo, a sus amigos empresarios y en especial a la Sociedad Rural. Ahora las patronales en paro, que se ve muy deslucido con respecto al anterior, no aceptan ningún “intervencionismo del Estado” como llaman a cualquier medida tomada en favor de la población.

“El Estado podría participar en la accesibilidad de los precios para el consumo de otra manera, por ejemplo poniendo menos impuestos, bajando las retenciones”, sostuvo Matías de Velazco, titular de CRA y lo que piden es eliminar totalmente los impuestos

Se trata de la vieja lucha de los “dueños de la tierra” que en este momento aprovechan la grave crisis, sin atender ningún tipo de participación solidaria y por continuar con las enormes ganancias de los últimos años.

Se han registrado algunos grupos acampando en algunas carreteras en el interior del país, donde mediante fotografías y otros controles (ilegales) intentan conocer quienes han cargado granos , y la cooperativas que están trabajando, lo que significa lisa y claramente una forma de extorsión y amenaza contra quienes no aceptaron el paro.

Justicia

En tanto, en el tema de la justicia, la abogada Graciana Peñafort defensora del ex vicepresidente Amado Boudou, detenido, luego enviado a prisión domiciliaria y ahora condenado en una causa armada con graves irregularidades, anunció que se prepara la presentación para su revisión de la causa, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos" para que revise la condena al ex funcionario.

Esto sucede después de un fuerte apoyo local e internacional por la libertad de Boudou.

Por lo pronto, se apelará el fallo el juez de ejecución penal Daniel Obligado, quien revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que reingrese a la cárcel. Este mismo juez había dicho en abril de 2019 que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. Y ante esto Peñafort se pregunta por qué ha habido este cambio de actitud de un mismo magistrado. .

La carta pública pidiendo la libertad de Boudou lleva las firmas de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también ex secretario general de la Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) y Manuel Zelaya (Honduras).

A estos e agregan otras casi cinco mil firmas entre las que figuran diplomáticos y ex cancilleres como Celso Amorín (Brasil), Ricardo Patiño y Guillaume Long (Ecuador), Jorge Lara Castro, Diego Pary de Bolivia y otros.

Los firmantes señalan que “los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial” han generado “una estrategia común que envenena la atmósfera política”, entre otras acusaciones que indican la utilización judicialización de la política, conocida como law-fare, o guerra judicial entablada contra determinados gobiernos de América Latina.