La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer que los órganos constitucionales autónomos (OCA) sean “absorbidos” por el Poder Ejecutivo es preocupante, pues se estarían eliminando instituciones que toman decisiones técnicas complejas en temas en que no se puede garantizar la imparcialidad del Estado.
Así lo advirtió Issa Luna Pla, coordinadora del área de derecho a la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien consideró que hoy no son necesarios los ahorros presupuestales que generaría ese proyecto, sino hacer que las dependencias gasten sus fondos de manera adecuada.
“Todo esto no parece planteado de forma lógica y democrática, pero, considerando que fuera una idea seria, es muy cuestionable que se les desprestigie (a los OCA) y se diga que no sirven porque fueron hechos durante el neoliberalismo, cuando en realidad vienen creándose en diferentes gobiernos”, recordó.
Luna enfatizó que los OCA son “auxiliares del Estado que coadyuvan a funciones altamente especializadas y complejas”, como determinar quién tiene la razón en asuntos donde las autoridades son parte y por ello no pueden ser imparciales, como la definición de los mercados económicos o la garantía del acceso a la información pública.
“La desaparición de árbitros y de órganos garantes tendría bastantes consecuencias, primero porque violentaría la Constitución al desaparecer entidades que garantizan derechos, pero también porque México ha firmado tratados internacionales en que está obligado a designar estos árbitros. El Presidente debe sopesar por qué genera estos debates, porque si el mensaje de fondo es ‘ya no quiero control social ni contrapesos’, eso pondría en riesgo a la democracia y la constitucionalidad”, alertó.
