Un estudio efectuado por la empresa de análisis de datos científicos Airfinity puso cifras a un aspecto digno de atención en la lucha contra la pandemia de Covid-19, el de los ingentes recursos destinados por los gobiernos para la investigación de una cura para la enfermedad causada por el coronavirus. De acuerdo con dicho informe, los Estados han aportado cerca de 8 mil 600 millones de dólares, las compañías farmacéuticas aproximadamente 4 mil 400 millones y las fundaciones de asistencia privada alrededor de mil 900 millones; es decir, que el sector público ha aportado prácticamente el doble que el privado, pese a que será este último el que recoja todas las ganancias derivadas de la comercialización de las vacunas y las posibles curas.
Impulsadas, en parte, por esa masiva inyección de recursos públicos, las farmacéuticas se han visto entre las grandes ganadoras en medio de la crisis económica provocada por la pandemia: la cotización de sus acciones en bolsa muestra que durante el año pasado incrementaron su valor de mercado en casi 90 mil millones de dólares, una cantidad que casi triplica el presupuesto anual de salud de México. En números absolutos, la compañía más beneficiada fue Johnson & Johnson, con un alza de 37 mil 934 millones de dólares, pero Moderna tuvo el crecimiento más espectacular con una ganancia de casi 600 por ciento en su valor de mercado, al pasar de 7 mil 609 a 45 mil 348 millones de dólares.
A lo que puede verse, es un caso más de enriquecimiento privado auspiciado con dinero público, el cual debe ser objeto de especial escrutinio por producirse en torno a una cuestión de vida o muerte: los esfuerzos para superar la pandemia más devastadora en la historia reciente. Cierto es que en la actualidad ningún gobierno cuenta con los recursos humanos, informáticos y logísticos de que dispone la industria farmacéutica para encarar retos como la elaboración, en tiempo récord, de distintas vacunas que, se espera, reducirán drásticamente el nivel de contagios y defunciones. Sin embargo, tal situación no deriva de una fatalidad, sino de décadas de desmantelamiento deliberado del Estado y de promoción de la iniciativa privada como respuesta a todos los desafíos sociales.
Por mencionar un ejemplo concreto de los mecanismos usados para inflar a las empresas a expensas de toda la sociedad, la organización Médicos Sin Fronteras ha denunciado que las farmacéuticas gozan de acceso libre a las investigaciones realizadas en los laboratorios gubernamentales y universitarios, pero no tienen ninguna obligación de compartir los beneficios obtenidos al patentar y vender los medicamentos resultantes de la investigación financiada por los impuestos de todos los contribuyentes. Por si no fuera suficiente con la apropiación gratuita del insumo más valioso en la economía contemporánea –la información–, estas compañías reciben todo tipo de incentivos fiscales y financieros por el “riesgo de inversión” que corren al desarrollar fármacos.
El contexto de emergencia debiera hacer más evidente la necesidad de contar con un aparato robusto de salud pública, desde la primera atención hasta la investigación de avanzada, mediante el cual puedan canalizarse de manera eficiente los recursos del Estado. Así, los caudales capturados por las farmacéuticas en forma de ganancias exorbitantes para sus accionistas, pudieron haberse empleado en ampliar los servicios sanitarios, en apoyar a los trabajadores y pequeños empresarios golpeados por la pandemia y las medidas de confinamiento y, a mediano plazo, en impulsar la reactivación de la economía.
