José Antonio Arreola y José Luis Jiménez fueron condenados el 8 de noviembre de 2019 a siete años de prisión por el delito de sabotaje. En realidad se trata de concejales de la comunidad de Nahuatzen, en Michoacán. A inicios de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si convalida su criminalización u ofrece su protección a una comunidad valiente en el ejercicio de sus derechos.
Desde septiembre de 2015 la comunidad indígena purépecha de Nahuatzen decidió ejercer su autonomía a nivel comunitario, y luchar por el reconocimiento de su Concejo de Gobierno. No es la única comunidad en el municipio que ha optado por la autonomía. Arantepacua, Sevina y Comachuen son otras comunidades que han optado por la figura de Concejo de Gobierno y ejercen su presupuesto directamente, decidiendo así el tipo de desarrollo que se impulsa mediante sus prioridades de gasto.
Optar por la autonomía fue el resultado de una reflexión profunda que se remontó hasta sus raíces ancestrales para resolver un problema actual: la inseguridad. La comunidad de Nahuatzen denunció los vínculos de las autoridades municipales con el crimen organizado y concluyó que las dinámicas de los partidos no tienen controles suficientes para evitar que los candidatos electos sean influenciados o conducidos por los intereses de grupos criminales que controlan los territorios de Michoacán.
Y fue así como decidieron poner la seguridad bajo la responsabilidad colectiva de la comunidad, haciendo uso de sus sistemas normativos propios. Esta decisión, respaldada en un primer momento por el tribunal electoral, encontró gran resistencia de actores locales, que han convertido al sistema electoral, basado en partidos, en su fuente de ingreso económico y en su estrategia de control político sobre el territorio. Estos grupos vieron afectados sus intereses con la opción por la autonomía, y han utilizado una diversidad de recursos para recuperar el poder político perdido.
En 2020 diversas organizaciones sociales organizaron una Misión Civil de Observación que documentó los patrones de violaciones a los derechos humanos en la región, particularmente la situación de dos concejales de Nahuatzen que hoy se hallan presos injustamente en una cárcel de Uruapan, Michoacán. En 2019 fueron condenados por los delitos de sabotaje, robo calificado y robo de vehículo automotor. Organizaciones civiles, como la Red Solidaria Michoacana, y Servicios y Asesoría para la Paz, han documentado el proceso judicial y han denunciado públicamente que las pruebas con las que los condenaron fueron fabricadas.
Se trata de un caso claro de criminalización, táctica usada para infundir miedo entre personas defensoras de los derechos colectivos de sus comunidades indígenas. La acusación contra José Antonio y José Luis es supuestamente por liderar un grupo de 60 a 70 personas que ocasionó disturbios y disparos de armas de fuego el primero de noviembre de 2018. Esta acusación fue sustentada por el testimonio de funcionarios del ayuntamiento y una persona con vínculos cercanos a los funcionarios locales.
Los peritajes incluidos fueron realizados por dos peritos de la fiscalía , y mencionan la existencia de cerraduras y vidrios rotos y documentos desordenados en su inmueble. Sin embargo, la fiscalía no ofreció ninguna prueba objetiva de la realización de la supuesta marcha, como podrían ser fotos, videos tomados por observadores circunstanciales, etc. De acuerdo con lo documentado por las organizaciones civiles, con testimonios de los habitantes de Nahuatzen, los hechos nunca ocurrieron. Todo es un montaje. Y por ello, en diciembre de 2020 los defensores presentaron un recurso de reclamación ante la SCJN, el cual será resuelto próximamente por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Se trata del último recurso judicial disponible. En sus manos está la posibilidad de iniciar un proceso que permita el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos colectivos e individuales de la comunidad de Nahuatzen. Sin embargo, lamentablemente el encarcelamiento de los dos concejales no es un hecho aislado, pues se da en un contexto de agresiones constantes contra el conjunto del Concejo Ciudadano Indígena de Gobierno de Nahuatzen, ya que heridas de bala, agresiones por parte de la policía municipal, violencia política en contra de las mujeres concejalas, retención ilegal del presupuesto, intromisión del tribunal electoral en la vida comunitaria de Nahuatzen, entre otros incidentes graves, son la constante del ambiente en que vive una comunidad que ha decidido luchar por el ejercicio de su derecho a la libre determinación.
Para esta comunidad, así como para otras ubicadas en la meseta purépecha en Michoacán, el ejercicio de sus derechos colectivos es fundamental para afrontar los serios problemas en temas de seguridad y para mantener sus formas de vida comunitaria.
