La educación nacional no enfrenta un buen pronóstico para 2021. Ni los problemas estructurales de la educación, ni sus asuntos coyunturales muestran señales consistentes de mejora. Y ello no representa un vaticinio pesimista, por el contrario, hoy resulta impostergable contar con un diagnóstico realista y demandar desde la sociedad un cambio de rumbo en el que se entienda que la educación no puede continuar siendo un ámbito ideologizado y mercantilizado por los poderes político y económico, sino un espacio estratégico comprometido con la formación de la niñez y la juventud con un horizonte de justicia social y de construcción de un mejor futuro nacional.
A las insuficiencias estructurales en términos de cobertura, calidad y equipamiento que han caracterizado por décadas a nuestro sistema educativo, se sumaron, en el año de la pandemia, serios problemas que ponen de manifiesto las vulnerabilidades sociales, educativas y digitales de la sociedad. Baste recordar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hoy apenas 21.9 por ciento de la población vive en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad social. Eso significa que en este 2021, el legado para ocho de cada 10 mexicanos será de algún déficit en términos de ingresos, salud, vivienda o educación. De manera particular el ámbito educativo seguirá siendo afectado por la crisis sanitaria que alejó de las instalaciones físicas a 36.5 millones de niños y jóvenes que son fiel reflejo de las asimetrías sociales.
Como se sabe, las estrategias gubernamentales para contrarrestar el cierre de las instalaciones escolares se apoyaron prioritariamente en las tecnologías digitales. De tal forma, las modalidades que asociaban la educación a la tecnología lograrían ubicarse como una respuesta oportuna ante una situación de clara emergencia. Sin embargo, en ese escenario también surgirían voces que llamaban a remplazar la educación “tradicional” por formas pretendidamente más efectivas y modernas. En tal sentido, la educación presencial comenzó a ser caracterizada por sus “inercias pedagógicas” y –como si ello fuera una cuestión de simple voluntad– por su falta de apego a la tecnología. En realidad, se cuestionaba lo escolar y se discutía la vigencia de la institución: cursos, programas, estrategias didácticas e incluso maestras y maestros que, esta vez, eran remplazados por la pantalla y por conductores de televisión.
Sin embargo, es necesario señalar que la educación difundida por medios digitales ha estado muy lejos de cumplir con el ideal de extenderse a grupos sociales más amplios. En vez de ello, se han hecho patentes las desigualdades de todo tipo y las mayorías volvieron a quedar al margen de los beneficios educativos. En 2020 se hicieron manifiestas las dimensiones de la brecha social y digital de los mexicanos y se pudo constatar como el estudiantado y sus familias tuvieron que asumir una parte significativa de los costos educativos en términos de equipamiento, conectividad, material documental y espacios físicos para el estudio. Eso sin contar el déficit vivido en términos afectivos, colaborativos y de socialización, difícilmente atendidos a través de la pantalla.
En el caso de la educación superior se ha hecho patente la supremacía del software propietario (Zoom, Google, YouTube) por encima de las modalidades libres. Así, las plataformas privadas han incursionado en los espacios personales e institucionales apropiándose y mercantilizando los datos de los particulares. Los corporativos informáticos fundan su acción en un modelo empresa-cliente que es transferido a la educación en una lógica en la que el conocimiento y la información devienen en mercancía. En tal sentido, se manifiesta una fuerte oposición entre las aspiraciones igualitarias de la educación pública y los intereses de los corporativos proveedores de servicios tecnológicos.
Por todo ello, hoy resulta imprescindible comprender a profundidad la racionalidad y mecanismos de operación de las modalidades digitales de enseñanza, así como su impacto real en los procesos educativos. Acaso sea posible plantear que, antes de convertirse en el remplazo de lo presencial, las herramientas tecnológicas en su conjunto pueden contribuir a su mejor desempeño. Así, el reto sería lograr que, aun tratándose de modalidades diferentes, sean orientadas hacia un fin compartido.
No cabe duda que necesitamos dar respuesta a las dimensiones estructural y coyuntural de la educación. En ambos casos las tecnologías digitales aparecen como un medio con enormes potencialidades para renovar lo educativo. Sin embargo, para atender la problemática de ese sector no basta con expresar buenas intenciones. Es preciso tomar decisiones con rigor y estrategia: estudiando las virtudes de lo digital, pero también considerando sus posibles riesgos. Es indispensable construir modalidades digitales pertinentes e igualitarias, acordes con los problemas de nuestro país –y no simplemente transfiriéndolas de otros contextos– y, por supuesto, es urgente fortalecer y renovar la modalidad presencial a la que habremos de regresar en algún momento.
¿Qué es necesario considerar para la vuelta? Sin duda debe insistirse en el tema de la cobertura en todos los niveles bajo un criterio de justicia social y exigencia académica. Es necesario contar con establecimientos educativos seguros, equipados, conectados, preparados para contingencias y situaciones calamitosas. Asimismo, deben hacerse los ajustes curriculares que permitan la plena incorporación de las modalidades digitales. Y, finalmente, ha de emprenderse un sólido programa de formación en el que maestras y maestros puedan adquirir las herramientas didácticas –presenciales y digitales– para contribuir a la educación de la niñez y la juventud mexicanas del tercer milenio. Ni más ni menos.
