El empresario Adolfo Ernesto Hernández Martínez, uno de los principales accionistas de la constructora Blueicon, promovió un amparo en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Blueicon es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias de la zona de la Angelópolis, en la capital de Puebla, que creció aceleradamente durante el mandato del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Desde 2015, la entonces Procuraduría General de la República abrió la carpeta de investigación PGR/UEAF/0001/2015-04, luego de que detectaron movimientos financieros anómalos que “comenzaron en 2011 con una inaudita expansión en el ramo de la construcción en la zona más exclusiva de la Angelópolis, en el municipio de San Andrés Cholula”.
Como producto de estas indagatorias, dos años después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó la suspensión de las operaciones bursátiles de la empresa Nubula Tower Sapi, uno de los principales proyectos de Blueicon, que consistía en un edificio de departamentos de 41 pisos.
El terreno para este proyecto fue donado por el gobierno de Moreno Valle para la construcción de la sede estatal del Consejo Coordinador Empresarial. La medida preventiva hizo que fracasara el proyecto en el que tenía sociedad con Javier de Lope Francés. Las pesquisas arrojaron indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que dispuso el aseguramiento de las cuentas de Hernández Martínez, operadas en la sucursal de las Ánimas, Puebla, del Banco Mercantil del Norte.
El empresario interpuso en contra de esta acción un juicio ante el juzgado quinto de distrito en materia de amparo, civil, administrativa y de trabajo, en la capital poblana, que le negó la suspensión del acto reclamado, ante lo cual apeló ante un colegiado, según se asienta en el acuerdo emitido el 8 de diciembre pasado.
