La historia contemporánea del estado de Morelos ha sido marcada por luchas memorables por la tierra y los derechos agrarios de su campesinado, y por la traición de gobiernos a estos reclamos seculares que encarnaron dirigentes emblemáticos como Emiliano Zapata y Rubén Jaramillo, ambos víctimas de crímenes de Estado consumados por militares al servicio de las clases dominantes. Herederos de esas luchas resisten actualmente procesos de recolonización de los territorios de gobiernos y corporaciones neoliberales que mediante megaproyectos, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), y violando la ley y la voluntad de los pueblos, pretenden imponer termoeléctricas, acueductos, gasoductos, enclaves industriales, minería a cielo abierto, carreteras, centros poblacionales y empresas turísticas e inmobiliarias, protegidos por el Estado capitalista, en lo que se conceptualiza como acumulación militarizada y necropolítica.
Así, el 23 de noviembre pasado, la Guardia Nacional y policías estatales desalojaron el digno plantón de ejidatarios de San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, en el que paradójicamente nació Zapata. Esta acción autoritaria fue denunciada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone a la Termoeléctrica de Huexca y al PIM.
Asimismo, el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN en su comunicado “Por la vida y contra el dinero” manifestaron: “con qué cinismo el gobierno neoliberal que dice mandar en este país, obedece a sus patrones que son el gran capital, con qué cinismo las fuerzas armadas, bajo las órdenes del capataz, violentan a los pueblos, para entregar el agua del río Cuautla, robada a los pueblos campesinos de Ayala, a las empresas que se benefician con el PIM, como Elecnor y Enagasa, a las que concesionó el gasoducto; Bonatti y Abengoa constructoras del gasoducto y de la termoeléctrica en Huexca, y las que se beneficiarán del consumo de gas, como Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental y Gas Natural del Noreste”.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y el Consejo Tiyat Tlali también repudiaron la “doble moral de un gobierno que en el discurso apela a que todo será resuelto por la razón, pero en los hechos usa la fuerza para imponer los proyectos neoliberales que tanto dice combatir”.
La corresponsal de La Jornada en Morelos dio a conocer, el 29 de diciembre, las declaraciones del abogado de los ejidos de Ayala, Juan Carlos Flores Solís, en las que informa que el río Cuautla y sus afluentes no tienen agua suficiente para que funcione la termoeléctrica de Huexca, y que los ejidos de Villa Ayala, Tenextepango y Moyotepec lograron amparos y suspensiones de plano que impiden legalmente el funcionamiento del acueducto y la termo.
También, Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata, del Movimiento Libertador Zapatista, se pronunció enérgicamente contra el gobierno federal, afirmando que el agua tratada forma parte de los afluentes del río que están concesionados a los campesinos de la región por decreto presidencial de 1926 ( El Sol de Cuautla, 27 de diciembre).
Por su parte, el Consejo Editorial del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos publicó en su blog un extenso y fundado documento, “Respuestas a Armando Bartra sobre la termoeléctrica de Huexca”, en el que –entre varias refutaciones– esclarece que: 1. La mayoría de los ejidatarios votaron en contra del arreglo entre la dirección corrupta de Asurco y la CFE, “incluso en las poblaciones de donde son nativos los ‘dirigentes’ que transaron acuerdos a espaldas de los ejidatarios”, y que el problema no se solucionó con el desalojo del 23 de noviembre a los campesinos y 2. En cuanto al ruido y otros daños colaterales a la salud que produce la termoeléctrica, preguntan: “¿por qué no intenta vivir un mes en Huexca el director de la CFE con la planta funcionando, consumiendo los cultivos que serán regados con el agua contaminada por la planta y bebiendo ese mismo líquido?” (https://observatoriociudadanode lacalidaddelaieredemorelos.home.blog/ 2021/01/01).
Además, la consulta sobre el PIM y la termoeléctrica llevada a cabo el 23 y 24 de febrero de 2019, unos días después del asesinato de Samir Flores Soberanes, violentó preceptos establecidos en la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que no fue previa, libre, informada y culturalmente apropiada. Pero, a pesar de la manipulación de esta consulta, el rechazo al proyecto fue categórico en todas las comunidades directamente afectables.
Si bien el PIM se fraguó en el sexenio de Felipe Calderón, su continuidad actual es inaceptable en términos ecológicos, de seguridad, salud, soberanía energética y respeto a la voluntad de los pueblos. El atropello no es transformación.
¡Todo el apoyo a los ejidatarios de Ayala y al pueblo de Huexca!
