Hemos tenido 10 meses de conmoción que se prolongarán nadie sabe cuánto más. Tiempo de conmoción con pronóstico de aspereza. Algunas de sus grandes determinantes seguirán presentes: crisis financiera, criminalidad desatada y pandemia, de la que pronto empezaremos a escuchar sobre hechos previsibles para 2022. Sí, para 2022.

Pero asoma las narices otra amenaza: una crisis política con centelleos de pasión producto del primitivismo político que nos asola. Sombría mezcla de males: pandemia, economía, crimen y ahora excitación electoral, más lo que aparezca. ¿Qué tanto y cómo estamos preparados para enfrentar esos meses? Dificilísima cuestión.

En política exterior es incierto. El ambiente y acciones con que AMLO inicie su tercer año de gobierno y Biden su mandato serán significativos. Por hoy Biden no tiene tiempo para enojarse con AMLO, una prueba es la significativa llamada telefónica Washington-Valladolid. Pero aunque Biden ande en lo suyo, el tema del asilo a Assange puede enredar las cosas, la nomenklatura en el Potomac no olvida. El resto del mundo parece no importarnos.

En lo interno, la conflictividad que generen los comicios puede ser grave. No acabamos de entender a la oposición de las ideas como un sano componente de la democracia. Asumimos el periodo electoral como la oportunidad de ofender, retar, ensuciar la lid. Desatamos odios con consecuencias que no se calculan. El ambiente pendenciero se siente y hervirá en la disputa por las alcaldías. Sólo a sus candidatos importan las diputaciones.

Los instrumentos del gobierno para prevalecer como garante de la paz son exigir la legalidad en todo acto público y, a su vez, respetarla. Esta fórmula que parece sabia en el pasado ha sido malograda.

Hay ejemplos de reclamos que empezaron siendo sólo animosos que pronto se desbordaron y la autoridad aplicó torpemente el uso de la fuerza. Intentar el impedir la irritación cuando ya está en las calles es anticipo de un drama.

El Presidente mantiene su promesa de “no vamos a reprimir”, que es de aplaudirse como intención, pero que en el camino puede interpretarse como lo que él quiera entender por reprimir.

Puede ser una claudicación del uso de la fuerza o puede ser su aplicación justificada con torcidas razones. La represión política puede ser considerada legal a la vista del orden jurídico existente, pero siempre será indeseable. Nada, nadie puede estar a su favor, pero los hechos pueden ser distintos.

Los partidos poseen recursos para convencer y triunfar, pero en la degradación actual del sistema político tales recursos están olvidados. Algunos serían plantear propuestas atractivas, candidatos con antecedentes respetables, liderazgo, ejemplaridad, organización. Son paradigmas que hace rato fueron despreciados.

Aún antes de empezar campañas ya se ejerce la diatriba, falsía, denuncia, el encuere. Se practican sin el requisito de que sean verdad, torcedumbre clásica, pero siempre reprobable. El recurso del acercamiento, del diálogo, no quiere ser aplicado. ¡Eso no es de nosotros!

Obsérvese la conducta del joven Ricardo Anaya y júzguese si es ejemplo de lo deseable. Él entiende a la violencia como instrumento primario de la lid electoral. Anaya es un arquetipo: simboliza lo pobre, ciego y peligroso de una supuesta forma audaz de hacer política.

Hay argumentos para calcular que los comicios no serán tranquilos. Lo apuntan su carácter de mayúsculas tan publicitado crea inquietud, su consecuente efecto sobre la gobernabilidad en el segundo trienio y 2024 más las tormentas internas oportunistas, ¿o no, EZLN?

Agréguese el discurso crecientemente violento, el estado anímico acumulado por la inestabilidad de la vida pública que incluye la zozobra ante la criminalidad, hoy son aderezos del conflicto. Adiciónense que las campañas demandan de nuevas formas de proselitismo que la pandemia condiciona. Es una magnífica ocasión para innovar con métodos civilizados.

Innovar pudiera ser palabra clave u ocasión perdida. Pudiera ser la fundación de nuevas formas y consecuentes mejores resultados, mas no se advierten intenciones ni compromisos en el gobierno, instituciones (INE) o partidos.

De manera lógica surgen las preguntas ¿quiénes y de qué seremos responsables? Las respuestas señalan a aquellos a los que la ley obliga, o sea las tres esferas de gobierno involucradas, sus fuerzas del orden, autoridades judiciales, el INE organizador del proceso, los partidos y asociaciones políticas y usted y yo.

Es imperioso el diálogo preventivo, el que resuelve diferencias y acerca objetivos, el incluyente, flexible y de buena fe y no el anticipado enfrentamiento. Estamos a meses de la elección y lo que se advierte es una creciente rijosidad, no un afán de reconocer nuevas condicionantes.

Como en el caso de todo riesgo, todo acto preventivo es lo deseado; pactos de civilidad que nos han sido extraños hoy son exigibles. Compromisos amplios y públicos serían muestras de confiablidad hacia las instituciones. Lamentablemente pienso que las ideas expuestas líneas atrás serán tildadas de cándidas o alarmistas.