El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin sigue litigando para recuperar las propiedades que le fueron aseguradas, a él y a su familia cercana, tanto en la Ciudad de México como en Guerrero. El ex funcionario busca que como parte de su acuerdo para ser testigo colaborador recupere esos inmuebles, así como el control de las empresas de las cuales es accionista.
Desde 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen decomisada la residencia del ex funcionario en Ladera 20, Lomas de Bezares, en la capital del país, así como el condominio de Quinta del Mar, en Ixtapa, Guerrero, a nombre de su esposa Marielle Helene Eckes.
Por la casa en la Ciudad de México, Lozoya ganó en agosto un primer amparo, el cual fue impugnado por las autoridades, quienes lograron la resolución de un colegiado para reponer el procedimiento.
Este litigio continúa en el juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, en el que apenas el 31 de diciembre pasado se emitió el acuerdo más reciente, el cual informa que se reagendará la próxima audiencia del caso, debido a la suspensión de actividades en los juzgados federales de la capital del país, por la pandemia de Covid-19.
Sobre el condominio en Ixtapa, Lozoya y su esposa también promovieron un amparo, que ganaron en primera instancia en febrero del año pasado, y de igual manera, la FGR apeló.
Ambas propiedades se mantienen bajo aseguramiento, sin que la autoridad haya ejercido sobre ellas la extinción de dominio.
Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, un acusado puede acceder al criterio de oportunidad y, como en este caso, ser testigo colaborador cuando “aporte información esencial para la persecución de un delito más grave”, lo cual Lozoya habría cumplido con la denuncia que presentó el 11 de agosto pasado.
Fuentes judiciales informaron que las negociaciones entre Lozoya y la FGR continúan, y que la devolución de las propiedades decomisadas se planteó dentro del acuerdo.
