El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) resolvió que funcionarios podrán hacer empadronamiento, afiliación e incorporación de ciudadanos a programas sociales que impliquen transferencias directas de recursos públicos durante el presente proceso electoral.
Los magistrados consideraron que el Instituto Electoral local (IECM) se excedió en sus facultades al restringir las labores de los servidores públicos para que los ciudadanos puedan acceder a programas sociales como un derecho humano.
La magistrada Alejandra Chávez Camarena fue la única que votó en contra del proyecto al considerar que la decisión no protege los principios de equidad y neutralidad de la contienda electoral.
Opinó que en lugar de suprimir la disposición, era necesario reforzarla y aplicarla exclusivamente a los servidores públicos que sean precandidatos, candidatos o que pretendan relegirse, así como los funcionarios que tengan bajo su encargo la ejecución de los programas sociales.
“Las personas servidoras públicas que se ubican en este supuesto podrían sustituirse por otras personas de acuerdo con las leyes aplicables para no obstaculizar el ejercicio, por un lado, del derecho humano de la ciudadanía para acceder a beneficios y para proteger los principios de equidad y neutralidad en las contiendas”, dijo Chávez Camarena.
Con la aprobación de los magistrados, el IECM deberá modificar el acuerdo de las medidas de neutralidad que fue impugnado por Morena –cuyo proyecto fue aprobado– y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social y la jefatura de Gobierno, cuyos juicios fueron desechados, ya que quedaron sin materia luego de haber resuelto la demanda de Morena.
En sesión pública, el Tribunal Electoral también confirmó la acción del IECM, por conducto de su Comisión de Asociaciones Políticas, para iniciar una investigación sobre la entrega de despensas por el ex secretario particular de la jefa de Gobierno y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa, y las diputadas de Tlalpan, las morenistas Gabriela Osorio y Guadalupe Chávez Contreras.
En junio pasado, la comisión ordenó el inicio de un procedimiento especial sancionador por la presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos; sin embargo, Ulloa y las legisladores impugnaron la decisión del IECM ante el tribunal, que al final dio la razón al órgano electoral local por la posible transgresión a los principios de equidad e imparcialidad.
