Tokio. El primer ministro japonés Yoshihide Suga declaró el jueves un nuevo estado de emergencia por un mes en Tokio y su periferia, debido a la pandemia, en un momento en que el archipiélago, y en particular su capital, registran récords de contaminación.

A seis meses de la prevista apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, postergados el año pasado debido a la pandemia, este estado de emergencia puede desalentar aún más a una población nipona que es ya mayoritariamente favorable a una nueva postergación, o anulación, del evento.

"Declaramos el estado de emergencia" ya que "se teme que la rápida expansión del nuevo coronavirus en todo el país tenga un importante impacto en la vida de sus habitantes y en la economía", declaró Suga durante una reunión con expertos.

El primer estado de emergencia en Japón el año pasado se había aplicado también a Tokio y alrededores, antes de ser ampliado a todo el país.

El estado de emergencia, que afecta a la capital y a tres regiones adyacentes, comenzará el viernes y durará un mes. Otra región, Aichi (centro), tiene previsto solicitar su adhesión al plan.

Emergencia sanitaria en #Japón

El gobierno impuso esta medida en Tokio y en tres prefecturas adyacentes para frenar el aumento de contagios de #coronavirus. #DWNoticias /ale pic.twitter.com/xjNrfvpRx0

— DW Español (@dw_espanol) January 7, 2021

La zona metropolitana de Tokio, donde viven casi 37 millones de personas, el 30% de la población japonesa, concentra la mayoría de los nuevos casos diarios que se registran a nivel nacional.

Las medidas afectan principalmente a los restaurantes y bares, que deben dejar de servir alcohol después de las 19 horas y cerrar sus puertas a las 20 horas.

El gobierno también pide a los habitantes que eviten salidas innecesarias por la noche e incita a las empresas a favorecer el teletrabajo, con el objetivo de reducir los desplazamientos en un 70%.

Por otra parte, no se espera que las escuelas cierren y se permitirán eventos públicos, pero con una capacidad máxima de 5 mil espectadores.

La ley japonesa no prevé sanciones en caso de que no se respeten estas consignas, incluso bajo un estado de emergencia, pero el gobierno prepara una modificación de la ley que permitiría multar a las empresas recalcitrantes.