El Banco Mundial (BM), en su reporte sobre Perspectivas económicas mundiales, ha presentado sus nuevas estimaciones sobre el crecimiento de la economía mundial. Para 2021, el BM prevé que la economía mundial crezca 4 por ciento, lo que se lograría si la distribución de las vacunas se amplía en el año. Este crecimiento contrasta con lo que se espera que sea el registro de 2020: menos 4.3 por ciento. Para México, que se estima que tuvo una contracción en 2020 de 9 por ciento, el BM estima un crecimiento en 2021 de 3.7 por ciento que, sin duda, es insuficiente para compensar la caída de 2020. El dato duro es que para el mundo se espera “un decenio desalentador en materia de crecimiento”.
Además de las cifras, resulta relevante el señalamiento del primer párrafo del reporte, que advierte que “quienes hacen política enfrentan formidables desafíos en salud pública, manejo de la deuda, políticas presupuestales, banca central y en aplicación de las reformas estructurales necesarias para asegurar que la recuperación gane fuerza y que se construyan fundamentos sólidos para el crecimiento y el desarrollo en el largo plazo”. Si la política no instrumenta acciones para que este crecimiento sea equitativo y sostenible, la catástrofe es inevitable.
Cada uno de estos desafíos está presente en nuestro caso, y de la manera en que se enfrenten en el corto, mediano y largo plazos dependerá la posibilidad de consolidación de largo plazo de un crecimiento alto y sostenido que genere bienestar. Por supuesto, lo que se haga en salud pública, particularmente en relación con la organización y aplicación de las vacunas, es absolutamente fundamental. La evolución de la pandemia, que se ha complicado significativamente a escala global y que, en nuestro caso, mantiene un curso muy peligroso, exige acciones públicas variadas que, junto con la buena organización de la aplicación de las vacunas, permitan que muchos sectores afectados recuperen viabilidad.
El segundo desafío mencionado por el BM es la administración de la deuda pública. El tema es central. No se resuelve con el planteo de que no haya endeudamiento adicional. Se trata de eficientar el manejo de la deuda, aprovechando las condiciones que existen en los mercados financieros para tomar recursos a tasas por debajo de las actualmente contratadas y utilizarlos en proyectos que generen puestos de trabajo sustentables a largo plazo. La colocación de un bono de deuda pública mexicana a 50 años en Taipei y Luxemburgo a una tasa de 3.75 por ciento anual, menor a los bonos en dólares a plazos de cinco, 10, 12, 30 y 40 años, es una buena muestra de condiciones propicias para un posible endeudamiento neto adicional.
El manejo del presupuesto supone un amplio espectro de posibles decisiones. No es suficiente, dadas las apremiantes circunstancias, con ampliar los ahorros administrativos para cumplir con la meta de déficit fiscal. Es posible, y conveniente, ampliar los márgenes de actuación del sector público, elevando los ingresos públicos de manera sostenible con una reforma tributaria progresiva. Sobre ello se ha insistido mucho, pero es necesario seguirlo haciendo. Un gobierno comprometido con una política social que requiere ampliarse necesita recursos adicionales provenientes de la captación tributaria.
Un cuarto asunto es la banca central. A reserva de dedicar una próxima entrega al análisis de las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica del Banco de México, es fundamental entender que corresponde al Poder Legislativo resolver los asuntos de los que debe ocuparse nuestro banco central. Su autonomía se remite a que en el cumplimiento de esas encomiendas puede hacerlo de la manera que estime conveniente. Sus obligaciones no son intocables. El Poder Legislativo puede, y debe, establecerlas. Una consideración aparte es si la modificación propuesta a la ley del Banco de México le conviene a la economía nacional.
En materia de reformas estructurales conviene diferenciar la necesidad de modificar aspectos estructurales del funcionamiento económico, de las reformas propuestas por los neoliberales. La superación del modelo de reformas orientadas al mercado impone otras reformas estructurales, que permitan que el Estado recupere capacidad de acción en diversos ámbitos. Estas capacidades recuperadas permitirían, por ejemplo, contar con servicios públicos de salud fuertes, de modo que pudieran enfrentar contingencias como las actuales de mejor manera.
El futuro próximo está claramente en riesgo. Las enormes amenazas planteadas por la pandemia, el calentamiento global y la brutal desigualdad sólo podrán resolverse si quienes están al frente de la conducción estatal se hacen cargo de lo que está en juego, que mucho depende de sus acciones.
