Londres. “Julian Assange no puede ser extraditado legalmente a Estados Unidos para enfrentar cargos sobre Wikileaks debido a su salud mental”, dictaminó ayer la jueza británica de distrito Vanessa Baraitser, quien destacó las intensas restricciones y las condiciones de aislamiento que probablemente enfrentaría en aquel país, lo que significa que la extradición sería “opresiva”.

Sin embargo, la magistrada señaló que el fundador de Wikileaks permanecería bajo custodia, hasta que se resuelva una apelación que se espera que Washington presente en los próximos 14 días.

Edward Fitzgerald QC, quien representa a Assange, declaró que de acuerdo con la decisión, “existen todas las condiciones para garantizar una fianza” que será solicitada hoy y la previsión de la defensa es que salga mañana en libertad provisional, informó Carlos Poveda, otro de sus abogados.

Durante la audiencia en la cual Assange habló sólo para dar su nombre y su fecha de nacimiento, la jueza Baraitser rechazó todos los argumentos legales presentados por la defensa, entre ellos las dudas expresadas sobre la posibilidad de que el periodista no fuese sometido a un juicio justo en Estados Unidos, que le fincó 18 cargos relacionados con la difusión de cientos de miles de registros militares y documentos del Departamento de Estado confidenciales a partir de julio de 2010.

Baraitser echó por tierra el argumento de que la extradición del australiano violaría la libertad de expresión, que ésta estaba políticamente motivada o que castigaría al periodismo de investigación, pero la audiencia dio un vuelco inesperado cuando la jueza abordó la salud de fundador de Wikileaks, de 49 años.

La salud del periodista australiano fue una preocupación central planteada no sólo por su equipo legal, sino también por grupos de derechos humanos y expertos de la Organización de Naciones Unidas, dijo la jueza, quien afirmó que Assange podría ser detenido bajo “medidas administrativas especiales” antes del juicio, y luego en la prisión ADX Florence en Colorado, donde estaría en “condiciones de aislamiento casi total” y sin los factores necesarios para mitigar su riesgo de suicidio.

Esto significa que la extradición puede ser prohibida bajo la sección 91 de la Acción de Extradición de 2003, ya que la ley establece que “cuando la condición física o mental de una persona es tal que sería injusto u opresivo extraditarla, el juez debe ordenar su descargo”, explicó Baraitser.

Durante la audiencia, que se extendió 40 minutos, la corte escuchó que Assange ha estado en la prisión de Belmarsh desde abril de 2019 bajo un plan de cuidados para prisioneros en riesgo de suicidio y autolesiones.

Las notas de sus médicos y sicólogos registran numerosas ocasiones en las que Assange ha manifestado que tiene pensamientos suicidas o deseos de lesionarse, sentimientos de desesperación o desesperanza y que ha hecho planes para terminar con su vida, afirmó la jueza.

Assange ha contactado en varias ocasiones el servicio de apoyo emocional contra el suicidio Samaritans Service y en 2009 se encontró en su celda una navaja de afeitar.

Baraitser aceptó, como aseguran los expertos, que el periodista de investigación sufre de un recurrente desorden depresivo, que aveces es acompañado de rasgos sicóticos. También aceptó que Assange padece un desorden del espectro autista “altamente funcional” y del síndrome de Asperger.

Tras escuchar la decisión de Baraitser, la prometida de Assange, Stella Morris, con quien el activista tiene dos hijos, estalló en llanto y abrazó al editor de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson.

Assange apenas reaccionó y no hizo ningún comentario a los tres periodistas autorizados en la corte a su salida cuando los guardias lo condujeron de regreso a su celda.

El fundador de Wikileaks permanecerá en la cárcel de Belmarsh, a la espera de que mañana se celebre una nueva vista en la que se determinará si debe seguir o no en prisión provisional.

Su defensa consideró una victoria parcial la decisión de la justicia británica de rechazar la extradición, ya que es un triunfo para la libertad de prensa, a pesar de que el fallo del Tribunal Penal Central de Londres se centra en analizar el estado de salud del periodista y rechaza que fue sometido a una persecución política, afirmó el abogado Aitor Martínez.

“Salvando el papel crucial que la prensa tiene en una sociedad democrática, los periodistas tienen la misma obligación que el resto de ciudadanos de obedecer la ley penal. En este caso, los hechos de los que se acusa a Assange son ilegales, y él no resulta inmune a la responsabilidad criminal porque asegure que actuaba como periodista”, establece la resolución de Baraitser.

Pese a ello, desde el equipo legal de Assange interpretan que más allá de los argumentos esgrimidos, la decisión adoptada sirve a efectos prácticos para preservar la libertad de prensa. “Para la justicia británica significaba un problema confrontar a la jurisdicción estadunidense y reconocer que estaba cometiendo una persecución política, vulnerando la libertad de prensa o incluso contraviniendo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, afirmó Martínez.

El fallo fue celebrado por los partidarios de Assange, quienes estuvieron reunidos afuera de la corte desde temprano junto a los medios de comunicación de todo el mundo.

Las imputaciones de Estados Unidos contra Assange están relacionadas con la publicación en Wikileaks de unos 90 mil partes de guerra en Afganistán, 400 mil en Irak, 250 mil “cables sin editar” del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo. El Departamento de Justicia estadunidense tiene dos semanas para recurrir el dictamen de ayer.

En noviembre de 2010, la justicia británica lanzó una orden de detención europea contra Assange luego de que tres mujeres lo acusaron de violación y agresión sexual. El australiano aseguró que se trató de relaciones consensuadas. En junio de 2021 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, de donde fue sacado por Scotland Yard en abril de 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno le retiró el estatus de refugiado.

El ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden, también perseguido por Estados Unidos por la filtración de documentos clasificados, tuiteó que espera que la negativa británica marque “el final” de los intentos de llevar al fundador de Wikileaks a Washington.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, señaló que independientemente de cuáles hayan sido los “argumentos oficiales”, la decisión es “histórica para el derecho a la información”, en la medida en que no añade una amenaza adicional al periodismo de investigación.