El juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal del primer circuito otorgó un amparo a Raymundo Collins Flores, ex director del Instituto de Vivienda, contra la orden de aprehensión o actos privativos de la libertad, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
“La justicia de la Unión amparó y protege al quejoso en contra de los actos y autoridades responsables, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia”, señala el resolutivo del juez Julio Veredín Sena; sin embargo, no publicó el expediente.
Al respecto, fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México precisaron que el amparo otorgado contra la segunda orden de aprehensión del ex funcionario en la administración de Miguel Ángel Mancera, y que es buscado en Estados Unidos, “no detiene las investigaciones en su contra, pues tiene varios procesos en camino”.
En marzo del año pasado, el juez centésimo décimo tercero del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 12, libró la orden de captura por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, que se sanciona con una pena máxima de tres meses a dos años de prisión, y una multa de 500 a mil días de salario mínimo
La prescripción del delito y la extinción de la acción penal, sin embargo, no detienen las indagatorias que se le siguen por la presunta comisión de diversos delitos, lo cual “no tiene ningún tinte electoral o político, pues se iniciaron desde el año pasado y derivaron en varias líneas de investigación, que llevaron al aseguramiento de dos propiedades”, destacaron.
Además de vehículos de lujo, obras de arte y otros artículos de valor; así como la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del congelamiento de sus cuentas, por una indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito, la cual fue aceptada, por lo que el también ex titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana interpuso en diciembre otro amparo.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la dependencia, presuntamente incurrió en un manejo faccioso que configura el delito de enriquecimiento ilícito, pues en sus declaraciones patrimoniales no se asentó la compra de propiedades inmobiliarias, sino únicamente casos de menaje.
Recordaron que, en noviembre se cateó un inmueble de Collins ubicado en Iztaccíhuatl 95, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, el cual tiene un valor aproximado de 60 millones de pesos, por lo que las autoridades investigan de dónde provinieron los recursos.
