Se difundieron ayer fragmentos de una conversación telefónica en la cual el presidente Donald Trump intenta convencer al secretario de Estado y principal funcionario electoral de Georgia, Brad Raffensperger, de “encontrar” los 11 mil 780 votos que le permitirían revertir el resultado de los comicios en esa entidad, tradicionalmente republicana, cuyo viraje fue clave en la victoria del candidato demócrata, Joe Biden.
El audio divulgado exhibe al magnate incitando a su correligionario a adulterar la voluntad popular, con la frase: “No hay nada de malo en decir que has recalculado (los votos)”. Ante la negativa de Raffensperger a acceder a sus solicitudes, Trump recurrió al chantaje y lo amenazó con las consecuencias legales de permitir que se consume el supuesto fraude electoral en el que insiste desde antes incluso de los comicios.
Aunque al cierre de esta edición la Casa Blanca no había emitido respuesta oficial a las revelaciones de prensa, el propio mandatario confirmó la autenticidad de la grabación, al tuitear acerca de su llamada con el funcionario georgiano y sus presiones para descarrilar las elecciones con base en presuntas irregularidades de las que no existe ninguna evidencia. El contenido de la llamada, que tuvo lugar el sábado, bastaría para poner fin a la carrera de cualquier político en una democracia bajo condiciones de vigencia de la institucionalidad y el estado de derecho.
Por ello, que un escándalo de esta magnitud sea sólo otro eslabón en la cadena de atropellos a la legalidad perpetrados por el magnate antes y durante su periodo al frente de la nación más poderosa del mundo constituye una prueba palpable del nivel de deterioro al que el trumpismo ha llevado al conjunto de las instituciones estadunidenses en apenas cuatro años.
Acaso lo más grave de este escenario es que Trump no está sólo en su descenso al sinsentido, pese a la abrumadora carencia de sustento de las denuncias con que pretende presentarse como ganador de las elecciones del 3 de noviembre pasado.
Es cierto que muchos legisladores y líderes republicanos han dado la espalda al presidente después de que todos los estados certificaron los resultados electorales y los tribunales desecharon la cascada de impugnaciones realizadas por el equipo legal de la campaña de relección, pero todavía hay un grupo de 11 senadores y un número desconocido de representantes dispuestos a reventar la sesión del Congreso en la cual debería formalizarse el nombramiento de Biden.
Aunque estas maniobras no tienen posibilidades de impedir la transición presidencial, sí retrasarían el proceso y, ante todo, crearían una fractura duradera tanto en el poder Legislativo como en la sociedad, ya ahora escindida por la negativa del ex presentador de televisión a aceptar que fue derrotado por más de 7 millones de votos.
Así, Trump y sus más adictos dentro de la clase política de Estados Unidos llevan adelante una desestabilización de la normalidad democrática como nunca se había visto en la historia de este país, la cual tendrá efectos devastadores sobre la credibilidad internacional de la superpotencia y sobre las relaciones entre sus propios ciudadanos mucho después de que el magnate abandone la Casa Blanca el próximo día 20.
