Madrid. Estados Unidos informó ayer que desde 2017 ha entregado más de mil 200 millones de dólares en ayuda para “venezolanos vulnerables”, apoyos que está gestionando la oposición.
“Estados Unidos apoya al pueblo que sufre la crisis causada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”, publicó el Departamento de Estado en su cuenta en Twitter en español.
En respuesta, desde redes sociales se ha cuestionado: “¿dónde están los reales?”, mientras el viceministro venezolano de Políticas Antibloqueo, William Castillo, acusó a la oposición de enriquecerse con ese dinero.
Al preguntarle sobre los destinatarios de dichos fondos, Castillo señaló a Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges, Stalin González, Timoteo Zambrano, Henry Ramos Allup y otros dirigentes de la oposición. “Varias familias venezolanas han recibido la ayuda humanitaria de los gringos”, ironizó.
Aseguró que 80 por ciento de los recursos “se reparte entre burocracia, lobby, viáticos, pasajes, pago de favores políticos, ONG, publicidad, medios y redes sociales”.
El 13 de diciembre Maduro sugirió al Congreso estadunidense investigar el destino del dinero de los contribuyentes porque “los miles de millones de dólares que han sido otorgados a estos criminales, reposan ahora en cuentas bancarias en paraísos fiscales.
“Si se llevara a cabo una investigación seria, se encontrarían con grandes sorpresas de estafas”, señaló.
Por otra parte, los diputados en la Asamblea Nacional saliente por el opositor partido Acción Democrática, modificaron sus perfiles en redes sociales para retirar su identificación como legisladores antes del fin oficial de su mandato, el 5 de enero.
Así, el secretario de Organización Nacional de Acción Democrática (AD) y diputado por el estado de Guárico, Carlos Prósperi, suprimió su identificación como legislador en su perfil de Twitter. También lo hizo Piero Maroun, del estado de Monagas, actual portavoz de AD, quien se identifica ahora como dirigente político y social, según informó el diario venezolano El Universal.
Esta medida supone un nuevo revés para el dirigente opositor Juan Guaidó, quien pretende mantener la legitimidad de la Asamblea Nacional más allá del 5 de enero, cuando termina su mandato, y prorrogar así su cargo como “presidente encargado” de Venezuela.
En otro tema, Salvador Franco, miembro de la comunidad indígena pemón, falleció en una cárcel cercana a Caracas, donde permanecía acusado de participar en un asalto a una instalación militar, informó la organización de derechos humanos Foro Penal.
Franco murió semanas después de que familiares y activistas denunciaron su grave estado de salud. Un tribunal en noviembre dictó una orden para su traslado de prisión a un centro médico, que no se cumplió, según el abogado Olnar Ortiz.
El Ministerio de Información no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre este caso.
Otros 12 indígenas implicados en este caso siguen presos desde diciembre de 2019. El presidente Maduro acusó en su momento que los asaltantes contaron con el apoyo de Bogotá, Perú y Brasil, que negaron cualquier relación con el caso.
