Los niños, niñas y adolescentes han sido de los más afectados por la emergencia sanitaria por el Covid-19, pues el distanciamiento social que se les ha impuesto ha repercutido en el disfrute de su derecho a la educación e incrementado la brecha de desigualdad tanto en el nivel básico como universitario, afirmó Nashieli Ramírez Hernández.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México explicó que los impactos negativos se aprecian también en los niveles de pobreza, que son mayores en comparación con los de la población adulta.
Mientras, las condiciones estructurales para los jóvenes se recrudecen, al hacerlos más vulnerables cuando se integran al mercado de trabajo, y su salud mental se ve más comprometida con problemas de ansiedad y estrés.
Tampoco han podido tener un seguimiento en cuanto a su salud reproductiva y derechos sexuales, y es necesario promover campañas para evitar la estigmatización y discriminación de los jóvenes como responsables del aumento de contagios de Covid-19.
“En muchos países, incluido México y los de la región, se apunta contra los jóvenes como responsables del incremento de contagios por ser una población para la que las medidas de distanciamiento social y la falta de movilidad han tenido un impacto mayúsculo”, apuntó.
Durante su participación en la XI Asamblea del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo, señaló que es necesario implementar estrategias de atención y mediación ante el posible y predecible incremento de la conflictividad social.
En estos momentos, expuso, persisten altos niveles de violencia y de conflictividad social, pues “están aumentando las violencias en las familias, dentro del hogar, y de continuar en este contexto adverso aumentará la conflictividad social”.
Destacó que a los ombudsperson y a las instituciones del Sistema No Jurisdiccional “nos toca avanzar sobre los procesos de mediación e interlocución para contener lo que se viene”, pues la pandemia ha invisibilizado a este sector de la población.
Hoy existe poca información desagregada en términos sanitarios, que ha llevado a suponer que el impacto de la pandemia es menor, pero “no es así, mucho menos en términos del ejercicio de sus derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales ante las medidas de distanciamiento social”, afirmó.
