El tema migratorio ha sido la peor crisis sorteada por AMLO en los dos primeros años de gobierno, puso en vilo al país, tuvo que dar marcha atrás en su política aperturista y ceder a las presiones y chantajes de Trump. Sin embargo, no se le da la debida importancia al tema y al problema.

El rediseño de la Secretaría de Gobernación con una subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población a cargo de Alejandro Encinas está claro que no funcionó. Tampoco es pertinente dejar todo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y crear otra comisión, resulta redundante cuando ya existe, por ley, un Consejo Consultivo en migración.

Por su parte, a la Unidad de Política Migratoria (UPM) le quedó grande el nombre, no definen políticas, sólo proporcionan los insumos estadísticos que se requieren.

En todos los casos el personal no es el adecuado. A Alejandro Encinas el tema le resulta ajeno. El perfil de Francisco Garduño no es el apropiado, la política migratoria no se resume en la contención y no basta ser un buen operador político. Y en la Unidad de Política Migratoria debía estar al frente un académico de muy alto nivel, no así en la gestión operativa del Instituto Nacional de Migración (Inami), donde se requiere de un operador político, con conocimiento de ciencias sociales.

En cuanto a la propuesta de campaña de convertir a cada consulado en una defensoría del migrante, poco se ha avanzado, no se cuenta con un conjunto de abogados especializados en migración y en asuntos penales, es algo que debería hacerse primero desde el sistema universitario y por lo pronto deberían asociarse con las ONG que sí tienen personal especializado. Por otra parte, lo verdaderamente importante se resuelve con bufetes de muy alto nivel que pueden operar en casos relevantes o juicios colectivos ( class action) como el que se promovió en 2000 contra las remesas por sus costos excesivos en las transferencias. Pero para eso hay que pagar, la austeridad republicana no funciona en estos casos.

Algo que se está por definir es una posible reforma migratoria propuesta en campaña por Joe Biden. ¿Cuál va a ser el papel de México? No podemos volver a la “política de la no política”, de no hacer nada y tampoco la vuelta atrás a la política de “no estridencia” de Peña Nieto. Hay que volver a plantear el principio de la “responsabilidad compartida”, no hay otra salida, pero hay que negociarla. La comunidad mexicana en el exterior demanda una actitud proactiva, cinco millones de indocumentados mexicanos lo reclaman. No sea que ahora vuelvan otra vez con la Doctrina Estrada.

En ese sentido habría que negociar las visas temporales H2A para la agricultura y H2B para servicios, son cerca de 250 mil anuales. Pero hay cero supervisión de parte de Estados Unidos y ninguna por parte de México. En ese campo hay empleadores responsables que ofrecen condiciones dignas, pero hay muchos explotadores e instalaciones deplorables. Es el momento adecuado para hacerlo ahora que los braceros fueron reconocidos públicamente como “trabajadores esenciales”.

Otro punto a renegociar es el programa Quédate en México, propiamente una “vergüenza” para México, Estados Unidos y los acuerdos internacionales firmados sobre refugio. No es humanitaria la manera en que han sido tratados. Hay que hacer efectiva la disposición de que se trataba de una medida unilateral y temporal por parte de Estados Unidos. Este asunto no es herencia del pasado peñista y hay que asumir los costos y los retos.

El asunto del desarrollo centroamericano es un compromiso que no se puede eludir, por el propio bien de México, pero la retórica de que es la solución al tema migratorio no se sustenta. El desarrollo, en una primera fase, genera más migración. Tan sencillo como que un tractor o una cosechadora desplazan mano de obra en un medio agrícola tradicional.

Pero el problema fundamental es la migración en tránsito, que se deriva precisamente de la falta de desarrollo, aunado al tema del crecimiento demográfico. El desarrollo puede demorar décadas, en cambio diseñar y aplicar una política responsable de salud reproductiva, tiene efectos inmediatos en la calidad de vida de las familias y, a mediano plazo, para el país.

Pero eso no va a detener el flujo actual de migrantes centroamericanos. La política de puertas abiertas no funciona, la contención masiva y represiva tampoco. La excusa de la pandemia se acaba en unos meses y no se ve claro cuál será la respuesta.

Por lo pronto el combate frontal a los traficantes de personas es algo que podría implementarse con facilidad, si hubiera voluntad política y no dejar al azar los descubrimientos de casas de seguridad y tráileres llenos de migrantes.

A ver si el Presidente, tan pendiente y agradecido por las remesas de los migrantes, se preocupa por restituirle derechos plenos a los migrantes binacionales, que al igual que los naturalizados, son mexicanos de segunda y de tercera “calidad” (Constitución dixit).

Queda pendiente para la próxima entrega hablar del retorno, el refugio, los avances y otros temas pendientes.