Desde el inicio de la legislatura, el senador de Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, ha enfrentado acusaciones de conflicto de interés, sin embargo, nunca aceptó dejar la presidencia de la Comisión de Energía, hasta ahora que pidió licencia al cargo para contender por la alcaldía de Saltillo, Coahuila.
En caso de que no logre encabezar ese municipio y deba regresar al Senado, no podrá volver a presidir dicha comisión, ya que la mayoría de los integrantes de la bancada de Morena no están de acuerdo con el comportamiento de Guadiana quien, además de los señalamientos constantes de utilizar el cargo para negociar contratos para sus empresas carboníferas, cada vez está más alejado de la 4T.
Han sido muchos los casos en que Guadiana ha votado contra la postura de su grupo. El más conflictivo fue el de la sesión del pasado 20 de octubre, en que se aprobó la desaparición de fideicomisos. Fue un momento duro para Morena, ya que el bloque opositor conformado por PRI, PAN, MC y PRD promovió la toma de la sede de Reforma e Insurgentes, y debieron acudir a la vieja casona de Xicoténcatl.
Guadiana votó en contra y su acercamiento con la oposición es cada vez mayor. Uno de sus compañeros morenistas comentó que todo se debe a que privilegia sus intereses empresariales.
El pasado martes 29 de diciembre, pese a que estaba ya de licencia, participó en una conferencia conjunta con PAN, PRI y MC, en la que se sumó a las críticas a la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la petición del PAN a que renuncie al cargo.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aclaró de inmediato que la postura de Guadiana era a título personal, ya que no está en funciones ni preside la Comisión de Energía. De acuerdo con legisladores, el enojo del ahora candidato a presidente municipal de Saltillo se origina en la negativa de la CFE a beneficiar a sus empresas.
Desde 2019 surgieron críticas a Guadiana por sus presiones a la CFE para que adquiera su producción de carbón, lo que chocaba con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de beneficiar a las pequeñas empresas carboníferas y no permitir el monopolio de algunos consorcios.
