Mantener las fronteras abiertas en tiempo de pandemia significó para México la continuidad del flujo migratorio regular e irregular, así como la recepción, tan sólo en 2020, de 41 mil 329 solicitudes de refugio y se espera más del doble en el año que inicia como estela del coronavirus. De cumplirse esa perspectiva, se romperán todos los precedentes.

Sin embargo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), oficina responsable de analizar las peticiones, tendrá para 2021 un presupuesto de apenas 44 millones de pesos, 3 millones menos que en el año previo.

Andrés Ramírez, director de la Comar, consideró como una falta de empatía criticar al organismo cuando, en principio, ha hecho todo el esfuerzo a su alcance para mantener abiertas sus representaciones, pero sobre todo porque su presupuesto es mínimo y tiene sólo 19 agentes en todo el país con atribuciones legales para firmar el reconocimiento de refugio a extranjeros.

La Comar debe enfrentar con una plantilla mínima general –de no más de 80 personas, incluido el personal eventual– un rezago histórico de 34 mil 284 expedientes (excedidos los plazos legales para la emisión de una resolución) que significa una pausa en la respuesta para 53 mil 479 migrantes.

Incluso si se consideran eventualidades que ha enfrentado la Comar, desde el sismo de 2017 –que destrozó sus oficinas centrales– o el acuerdo de suspensión del 24 de marzo pasado, en el contexto de la emergencia sanitaria, los asuntos catalogados en estatus de “pendiente” son 22 mil 125 (que involucra la situación de 31 mil 748 migrantes) y, en situación de “rezago”, 20 mil 863, en perjuicio de 34 mil 256 individuos.

A finales de noviembre estaban en curso o en vías de resolver (no todos en situación de rezago) 42 mil 988 casos, relacionados con 66 mil 4 personas, según un informe de la Comar.

El mayor número de expedientes sin resolver fueron recibidos en la oficina de Chiapas, seguido por la de la Ciudad de México.

En 2019, la Comar registró, como cifra récord, la solicitud de refugio de 71 mil 230 personas y en 2020 de 41 mil 329; de éstas, 15 mil 440 son originarias de Honduras y, más abajo, con poco menos de 6 mil peticiones, los ciudadanos de Haití. En la lista continúan, por países, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Chile, Nicaragua, Colombia y Brasil.

Consultado al respecto, en ocasión de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por un retraso en la emisión de solicitudes, Andrés Ramírez dijo que que si bien se admite el señalamiento, es necesario tener presente que nuestro país ha sido reconocido a escala internacional por no cerrar sus puertas, pese a la pandemia que ha afectado incluso a su personal.

“Reconocemos algunos errores de algunos funcionarios en lo individual, pero en lo general creemos que no hay empatía de entender la situación en la que está la Comar, una institución con recursos muy escasos”, señaló en entrevista.

Precisó que busca la manera de hacerse de un mayor presupuesto, incluso pedir prestado personal a la Comisión de la Frontera Sur y a la Acnur, porque, adicionalmente, la reciente reforma a la Ley de Migración le dio más atribuciones para la protección de menores de edad.