Londres. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sabrá el lunes si puede ser extraditado de Gran Bretaña a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje por la publicación de documentos militares confidenciales.

Está previsto que la jueza de distrito Vanessa Baraitser entregue su decisión en el tribunal Old Bailey de Londres el lunes a las 10 de la mañana. Si concede la petición, la secretaria del Interior Priti Patel, tomará la decisión final.

El lado que pierda seguramente apelará la decisión, lo que podría provocar años de más disputas legales.

Sin embargo, existe la posibilidad de que actores externos intervengan, lo que podría poner fin a la saga que ya lleva una década.

Stella Morris, pareja de Assange y madre de sus dos hijos, ha pedido al presidente estadounidense Donald Trump en Twitter que otorgue un indulto a Assange antes de que deje el cargo el 20 de enero.

Y aunque Trump no lo haga, hay suposiciones de que su sucesor, Joe Biden, podría adoptar un enfoque más indulgente hacia el proceso de extradición de Assange.

Los fiscales estadunidenses acusaron a Assange, de 49 años, de 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras que conllevan una sentencia máxima de 175 años en prisión.

Los abogados que representan al gobierno estadunidense dijeron en sus alegatos finales luego de una audiencia de cuatro semanas en el otoño que el equipo de defensa de Assange había planteado cuestiones que no eran ni relevantes ni admisibles.

“Sistemáticamente, la defensa pide a este tribunal que dictamine, o actúe con base en la presentación, que Estados Unidos de América es culpable de tortura, crímenes de guerra, homicidio, violaciones del derecho diplomático e internacional, y que Estados Unidos de América es un ‘Estado sin ley’”, dijeron los abogados. “Estas solicitudes no sólo no son jurídicamente exigibles en este proceso, sino que nunca se debieron haber hecho”.

La defensa alegó que Assange tiene derecho a las protecciones que otorga la Primera Enmienda —de la Constitución estadunidense— para la publicación de documentos filtrados que expusieron las acciones indebidas del ejército estadounidense en Irak y Afganistán y que la extradición a solicitada por Estados Unidos estaba motivada por cuestiones políticas.

En sus alegatos finales por escrito, el equipo de Assange acusó a Estados Unidos de un enjuiciamiento “extraordinario, sin precedentes y politizado” que constituye una “flagrante negación de su derecho a la libertad de expresión y representa una amenaza fundamental a la libertad de expresión en todo el mundo”.