Para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral que arrancará el próximo año en 14 entidades del país, las administraciones estatales podrán acceder a subsidios para su consolidación con base en la cantidad de demandas laborales individuales que hayan tenido las Juntas de Conciliación y Arbitrajes locales en los últimos cuatro años.
De acuerdo con los requisitos para acceder a los recursos, que fueron publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación, las entidades podrán recibir desde 7 y hasta 35 millones de pesos para los nuevos centros de conciliación local, y de 8 y hasta 40 millones para los nuevos tribunales locales.
Luego de que en noviembre pasado arrancó el nuevo modelo de justicia laboral en una primera fase en ocho estados, para 2021 se prevé que dicho esquema comience a operar en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, así como en Hidalgo de manera local.
A la par, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió las reglas de operación para la conformación y funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tendrá la labor de revisar la legislación en la materia y aprobar nuevas normas en este renglón, las cuales se propondrán a la titular de la dependencia para su publicación oficial.
Dicha instancia, indica el acuerdo publicado igualmente ayer en el Diario Oficial de la Federación, establece que estará integrado por seis secretarías federales, el IMSS, la UNAM, el IPN, sindicatos y organizaciones del Congreso del Trabajo, así como una representación patronal. Las resoluciones, subraya, serán tomadas por consenso o por mayoría de votos.
