La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), de la Secretaría de Gobernación, exigió al Senado que no elimine la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de búsqueda de desaparecidos, como se plantea en las reformas a la ley orgánica que rige a ese organismo.
Demandó que la reforma no se apruebe el próximo 15 de enero, en un periodo extraordinario, como se pretende, sino abrir un amplio espacio de discusión en que participen las víctimas, autoridades y todos los involucrados.
En un amplio escrito de la CNB difundido por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se advierte que hasta ayer se contabilizan 82 mil 881 desaparecidos, más de 4 mil fosas clandestinas con “decenas de miles de cuerpos sin identificar” y apenas 35 sentencias condenatorias contra particulares por ese delito, además de miles de investigaciones abiertas.
La CNB exige que, en caso de continuar con la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de la FGR, no se realice ninguna modificación a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, ni cambios en las funciones de la FGR que tengan un impacto negativo en la coordinación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ni la implementación del protocolo homologado de búsqueda.
Se hace notar que la reforma propuesta implica el regreso “a una institución vertical y rígida que fragmenta las investigaciones, impide la realización de análisis contextuales, desconoce la importancia de la atracción de casos de alto impacto, trascendencia y relevancia y desconoce la relación con las instituciones internacionales.
“Adicionalmente a ello, en sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, celebrado el 18 de diciembre pasado, la representación de la FGR manifestó, entre otras cosas, que debido a su autonomía en adelante asistirá como invitada y no como miembro integrante de ese sistema”.
La CNB advierte al respecto que la autonomía de la FGR “debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia y no como una fórmula para evitar la coordinación y rendición de cuentas, disociándose del resto del Estado”.
Pretender que la autonomía constitucional implique además un cambio de estatus que obligue a la FGR a abandonar las instancias de coordinación institucionales es una interpretación contraria a la garantía de los derechos de verdad y justicia.
La CNB señala que “cambiar la forma en que se investiguen los delitos y se procura la verdad y justicia es uno de los retos más profundos de la transformación de la vida pública de México”, pero lo que se espera de un debate democrático es buscar reformas integrales de verdad y justicia con la participación ciudadana y de las demás instituciones del Estado mexicano para atender esta crisis y no una para fragmentar más su abordaje”.
Reitera la solicitud de suspender la discusión de la reforma en los términos planteados “y abrir un debate ciudadano con la participación de todos los actores involucrados otorgando el análisis y discusión el debido tiempo de reflexión”.
La CNB recuerda al Senado que de acuerdo con la ley en la materia y los principios rectores de la ONU, cualquier modificación legislativa o política pública relacionada con la desaparición de personas debe hacerse con la participación activa de las familias de las víctimas de ese delito.
