No sólo la amenaza del coronavirus obligó al confinamiento en las regiones indígenas, también las incursiones armadas del crimen organizado orillaron a habitantes nahuas de Chilapa, Guerrero, a replegarse en su territorio y buscar refugio en comunidades vecinas. La fecha fatídica fue el 27 de enero de 2019, cuando la policía comunitaria de los pueblos fundadores del Rincón de Chautla repelió una agresión del grupo delincuencial Los Ardillos, que intentaba ingresar a ese poblado para tomar el control de las localidades en resistencia. Pese al sangriento saldo (20 personas asesinadas) las investigaciones ministeriales no prosperaron. Todo quedó en manos del grupo armado, para cobrar venganza a su manera.

El 17 de enero de este año, cerca de Mexcalcingo, una ruta controlada por Los Ardillos, torturaron, asesinaron, decapitaron e incineraron a 10 miembros del grupo Sensación Musical, originarios de Alcozacán, cuando regresaban de un baile que amenizaron en Tlayepan, municipio de Chilapa. Lo que causó más escándalo en la opinión pública y entre las autoridades, fue la presentación de 19 menores de 6 a 15 años, quienes aparecieron con el rostro cubierto, ataviados con el uniforme de la policía comunitaria y portando armas. Eran los niños huérfanos que marcharon en las calles pedregosas de Alcozacán para denunciar que en estos enclaves del olvido, las armas y no las leyes ni la justicia, marcan el destino funesto de las comunidades indígenas, impuesto por el crimen organizado.

Las reuniones y visitas de las autoridades estatales y federales sólo fueron para atemperar el malestar de las comunidades agraviadas, que habían bloqueado la carretera de Chilapa a José Joaquín de Herrera. Pese a que el fiscal general del estado declaró en su momento que los probables responsables eran seis hombres de Los Ardillos, la señal nefasta es de mantener en la impunidad estos crímenes.

En tanto, las 23 poblados nahuas de Chilapa y de José Joaquín de Herrera, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que apoyaron la campaña presidencial de Marichuy, vocera del Consejo Nacional Indígena de gobierno y del EZLN, quedaron en espera de la respuesta federal. Se instaló un retén de la Guardia Nacional en el crucero de Jagüey, comunidad de Tula, mientras un retén del Ejército se mantuvo en el crucero de Chilapa, rumbo a Atzacoaloya, y otro en el de Zacapexco, rumbo a José Joaquín de Herrera. Pese a su presencia, los grupos criminales siguieron operando en la zona.

La exigencia del Cipog-EZ –desarme y retiro de Los Ardillos de su territorio– no fue atendida por el gobierno federal. Advirtieron que su presencia era una amenaza. El 10 de septiembre organizaron la caravana “Por una vida digna para los pueblos indígenas”, que llegó a las puertas de Palacio Nacional. Se plantaron para tener un diálogo franco con las autoridades federales, pero aun con los compromisos asumidos prevalecen los intereses delincuenciales en detrimento de la seguridad y justicia de las comunidades asediadas.

Ante el temor fundado de que la muerte acecharía a los miembros del Cipog-EZ, el 18 de noviembre las comunidades decidieron romper el cerco que habían declarado el 19 de junio de 2019, para desplazarse a las cabeceras municipales. Esta osadía costó muy caro, por la desaparición de María Agustín Chino, Amalia Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, que el 18 de diciembre bajaron a la ciudad de Chilapa para abastecerse de víveres. Se repitió el mismo modus operandi: los delincuentes interceptan a sus víctimas en Chilapa, las torturaron, asesinaron y abandonaron en zonas donde tienen el control. Las dos parejas aparecieron atadas de manos y con el tiro de gracia a un lado de la camioneta en que se transportaban al siguiente día de su desaparición.

Ante las muertes, las comunidades decidieron, en asamblea regional, bloquear de nuevo la carretera en Alcozacán, para exigir que se investiguen los 28 asesinatos y las tres desapariciones de compañeras y compañeros registrados de enero de 2019 a la fecha. Reiteran su demanda de desmantelar al grupo delictivo Los Ardillos.

El escenario se dibuja catastrófico para Guerrero con la presencia de 40 grupos criminales que se empeñan en expandir su dominio y mantener su control territorial en regiones donde las instituciones gubernamentales brillan por su ausencia o se confabulan y supeditan a sus intereses. La entidad ocupa altas tasas de impunidad para delitos graves (con varios ministerios públicos, jueces y policías alineados al poder delincuencial), lo que representa un gran desafío para el gobierno de la Cuarta Transformación y para los 18 precandidatos a gobernador de Morena, sin contar con los de la alianza Va por México.

Los gobernantes están muy lejos de involucrarse en estas realidades que requieren compromiso, arrojo y visión. El clamor de los pueblos en esta emergencia nacional es garantizar el derecho a la seguridad y a la protección de la vida, sobre todo entre las comunidades cercadas por el crimen organizado.

Es un imperativo jurídico y político recuperar el control de los territorios y las vías de comunicación que están bajo el mando de los poderes delincuenciales. En esta exigencia de la implantación del estado de derecho, es impostergable crear las condiciones necesarias para un desarrollo comunitario que no esté fincado en la producción de amapola. En los últimos 50 años es la que ha hecho florecer la economía criminal e incubado la violencia.

El gran reto es ¿qué hacer ante un terreno arisco, controlado por el crimen organizado? ¿Cómo desmontar esta urdimbre delincuencial que ha trastocado la estructura gubernamental, y emparejar el terreno de la desigualdad social? Las comunidades indígenas no pueden seguir cercadas por el crimen organizado en 2021.