Mexicali, BC., La Fundación Keshe denunció penalmente a la empresa Casas Móviles de San Diego (CMSD) por los delitos de fraude, robo y asociación delictuosa, debido a que la contrató para trasladar a Tijuana 69 módulos médicos destinados para apoyar la lucha contra el Covid-19 en Baja California, pero la compañía se quedó con ellos para comercializarlos. Estos muebles eran originalmente salones de clases en California y pueden adaptarse como laboratorios de ciencias.

Un representante legal de Keshe interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de Baja California la denuncia contra la empresa y sus propietarios, Roberto Navarro, John Pérez, Sandra Vargas y Óscar Vargas, entre otros. Calculó la afectación en un millón de dólares.

El contrato para trasladar los módulos desde California y colocarlos en la planta de Keshe en Tijuana se realizó en las oficinas de CMSD en Playas de Rosarito luego de que ésta se presentó como una empresa binacional de transporte en sociedad con RN Transport.

Keshe contrató los servicios de RN Transport y su asociada Rosarito CMSD, pero sólo cruzaron cuatro módulos, que depositaron en una propiedad de Sandra Vargas, familiar del transportista Roberto Navarro, en el fraccionamiento Santa Fe de Mesa de Otay, en el oriente de Tijuana, ajena al destinatario y lejana a un kilómetro del punto de entrega por “carecer de tiempo”.

La defensa legal consideró que esta conducta representa un fraude internacional, por lo cual se dio aviso a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, toda vez que los alcances del ilícito están previstos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y se invocó la acción judicial en apego a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas que data de 1970.

Con instalaciones en Tijuana y fundada por el ingeniero nuclear Mehran Keshe, la fundación desarrolla tecnologías de alimentación, agua, energía, cambio climático y tratamiento de enfermedades.