A partir de 2021, los 79 municipios localizados en el Istmo de Tehuantepec –donde se ubicará el Corredor Interoceánico– se incorporarán al programa Sembrando Vida, de acuerdo con las reglas de operación que la Secretaría de Bienestar publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación.
El documento mantiene la meta de sembrar árboles en un millón 75 mil hectáreas, aunque destaca la disminución de 53 por ciento en los gastos de operación del programa con respecto a 2020, es decir pasan de 7.5 a 4 por ciento del total del presupuesto aprobado en 2021, equivalentes a 24 mil 536 millones de pesos.
Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la actual administración, considerado como alternativa para superar la pobreza. En 2021 continuará con un apoyo mensual de 5 mil pesos a cada beneficiario en las 20 entidades con cobertura, en localidades marginadas y municipios con alto rezago social.
El beneficiario tendrá la obligación de ahorrar un mínimo de 10 por ciento del apoyo económico que reciba. De esta cantidad descontada, 250 se asignarán a una cuenta de inversión de ahorro para “fortalecer el ahorro familiar” y 250 se destinan al Fondo de Bienestar.
El propósito es mejorar los ingresos de los pobladores, contribuir en la generación de empleos e incentivar la autosuficiencia alimentaria, mediante el establecimiento de sistemas productivos agroforestales que combinen la producción de los cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables, así como el sistema de milpa intercalada entre árboles frutales.
La población objetivo para el siguiente año son quienes habiten en localidades rurales con rezago social, deberán ser propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles y libres de conflicto para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.
Las reglas de operación precisan que no se considerarán elegibles los terrenos incendiados, así como aquellos en los que se hayan derribado árboles con el propósito de ingresar al programa.
En un análisis preliminar de las reglas de operación, Gustavo Sánchez, director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, destacó que el plan reconoce el riesgo de cambio de uso de suelo.
