La Cámara de Diputados retrasó la aprobación de una nueva ley general para armonizar y homologar los registros civiles, pues aun cuando había un dictamen aprobado, se detectó que el proyecto podía invadir atribuciones de los estados, tenía inconsistencias e incluso fallas de redacción.

En el dictamen de la Comisión de Gobernación se resalta que las deficiencias en los registros civiles estatales derivan en el incumplimiento del derecho a la identidad, pues al menos un millón de personas en México no cuenta con actas de nacimiento, lo que se agrava porque de esa cifra, 600 mil corresponden a menores.

La nueva ley pretende fijar formatos únicos en materia de registro de población y de certificación, como documento físico o electrónico, tanto en español como en la lengua indígena del solicitante cuando se tenga la traducción respectiva, preservando los nombres, o apellidos ancestrales y tradicionales, con base en sus normas.

También se busca formar un criterio único en casos no comunes, como tener un acta por cada registrado en los casos de parto múltiple, el previo registro de nacimiento al de defunción del recién nacido, o la prohibición de asentar en actas calificativos que estigmaticen al registrado, entre éstos: “hijo ilegítimo, natural, fuera de matrimonio o de padre desconocido”.

No obstante, se hicieron observaciones al documento, entre otras que el funcionamiento de un registro civil centralizado se haría sin tomar en cuenta que la mayor parte de los recursos en la materia serían aportados por las entidades.

En cambio, no se permitiría a las direcciones generales de los estados tomar sus propias decisiones en cuanto a la estructura, organización, selección de personal y funcionamiento así como de las oficialías del registro civil.

Las observaciones plantean que se busca otorgar “atribuciones excesivas” al nuevo consejo nacional del registro civil, que se propone será presidido por un representante de la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población; además, los secretarios ejecutivo y técnico también serían designados por esa dependencia.

El dictamen resalta que se requiere actualizar los procesos de registro de nacimiento y cita que diagnósticos del Inegi, Unicef y Banco Mundial señalan índices de subregistro de nacimiento en México, de uno a 2.9 por ciento de la población total; es decir, entre 1 y 3.5 millones de personas, cifra que aumenta en niños con menos de 60 días de nacidos.