Buenos Aires., El mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones, sostuvo el presidente Alberto Fernández ayer al anunciar la construcción de 3 mil viviendas en cuatro municipios del conurbano bonaerense dentro de un plan para solucionar los problemas más graves que afectan al país; mientras, la vacuna Sputink V ya se distribuyó en todas las provincias y comenzará aplicarse en los próximos días a los sectores más expuestos en el combate a la pandemia del Covid 19, a pesar de una campaña permanente de la oposición y sus medios de comunicación, que alientan a violar incluso los protocolos de cuidados sanitarios.

“No quiero más dos Argentinas”, aseguró Fernández durante la firma de los convenios para el programa federal Casa Propia-Constuir Futuro, advirtiendo que no puede existir una nación “dividida entre los que tienen y los que no, sino en la que todos puedan desarrollarse y el Estado garantice que eso ocurra”.

En este sentido admitió que si ser populista “es ayudar a los que menos tienen, soy populista; no sólo estamos cumpliendo con la palabra, siento que estamos cumpliendo con nuestra ética”, afirmó recordando que la pandemia llevó a revisar las grandes desigualdades agravadas durante los cuatro años del gobierno de la derechista alianza Cambiemos.

En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, salió al paso de una campaña que intentaba instalar la versión de que Argentina no quería comprar la vacuna al laboratorio estadunidense Pfizer y aseguró que existe la voluntad de firmar un acuerdo, pero que este laboratorio impone “tantas exigencias de inmunidad y prevención, que es como si no le tuvieran fe a la vacuna”. No dio detalles de confidencialidad, pero dio a entender que a pesar de la generosidad de Argentina surgieron “condiciones contractuales que necesitaron una ley. La hicimos, pero hay cosas de la ley que no encajan con lo que quiere la firma (…) es muy difícil para nosotros hacer otra ley. No es lo más digno que puede hacer un país”.

Diversas versiones señalaron que Pfizer pedía garantías de inmunidad judicial que comprometían recursos territoriales y estratégicos como el tema de los glaciares como “garantía”, lo que resulta “inadmisible”.

En el campo de los derechos humanos, también el gobierno se enfrenta a algunas actitudes judiciales que intentan volver atrás un camino de lucha contra la impunidad que este país abrió hace tiempo.

En estas horas los organismos de derechos humanos y otras entidades denunciaron durante una conferencia de prensa virtual la desaparición de la niña de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, en Paraguay, hija de los prisioneros políticos paraguayos Carmen Villaba y Alcides Oviedo, después de que en septiembre pasado las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del ejército de ese país asesinaron a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, de la misma familia, todas ellas que vivían en Misiones, Argentina, y habían viajado al país vecino para ver a sus padres.

La semana pasada fue detenida Laura Villalba, tía de la menor secuestrada, residente en Argentina, que perdió contacto con la niña el pasado 30 de noviembre y logró testimonios de comunidades rurales sobre el secuestro violento de Carmen Elizabeth Oviedo, por uniformados y civiles.

Los organismos solicitan a sus pares internacionales y al gobierno argentino exigir al presidente paraguayo, Abdo Benítez, no sólo la aparición de la menor, sino también que termine la impunidad para sus dos primas de 11 años asesinadas por la FTC del ejército paraguayo.

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