Ciudad de México. La eliminación de permisos de importación y exportación de combustibles por periodos de 20 años causará daños al consumidor final, así como a la industria energética del país, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Luego de que la Secretaría de Economía (SE) publicó el sábado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo en el que actualiza los periodos de autoriza a la Secretaría de Energía (Sener), el organismo del sector privado señaló que esta última dependencia federal debe establecer los incentivos necesarios para que existan diferentes participantes en el mercado con el fin de atender la demanda nacional de petrolíferos.

Subrayó que eso garantiza el derecho de la población en México de elegir libremente al suministrador de combustibles como lo establece el artículo 28 de la Constitución.

Agregó que la mayor presencia de participantes en el mercado genera las condiciones adecuadas para que los precios finales sean más atractivos.

Destacó que los cambios en los requisitos y proceso para el otorgamiento, así como la reducción de los plazos de duración de 20 a 5 años, lejos de incentivar la participación activa de diversos competidores en el mercado nacional, la inhibe y crea una enorme incertidumbre jurídica.

Comentó que en un modelo de libre competencia en un mercado si faltan proveedores de bienes y servicios, aumenta el riesgo de desabasto o de incremento en precios.

Destacó que ambos elementos atentan contra la seguridad energética nacional, misma que demanda la participación de capital privado para el desarrollo de infraestructura logística.

Señaló que el impedimento de decidir libremente sobre los proveedores de energía tiene un efecto directo sobre el bienestar nacional.

“Rechazamos que se impongan cuestiones ideológicas al interés nacional y que se esté regresando a un modelo donde el gobierno ni vea, ni escuche a la industria, ni a los ciudadanos”, dijo.

La Coparmex también señaló que la medida viola la ley, pues su publicación no respetó los tiempos de consulta pública que marca la normatividad.

Por ello hizo un extrañamiento a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y por no haber tomado en cuenta los más de 30 comentarios especializados que se hicieron en el proceso de consulta.