Con la convicción de aportar su experiencia para contribuir en la erradicación de la impunidad ante delitos graves cometidos en cualquier parte del mundo, la embajadora mexicana Socorro Flores Liera asumirá el próximo año el cargo de jueza en la Corte Penal Internacional (CPI) para el periodo 2021-2030.

Con un largo recorrido como integrante del Servicio Exterior Mexicano (SEM), desde 1992, los pasados ocho años como embajadora, Flores Liera tiene una reconocida pericia en temas multilaterales y regionales. Desde septiembre de 2017 se ha desempeñado como representante permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.

El lunes pasado estuvo entre los seis elegidos para el cargo en el marco de la 19 Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, entre 22 aspirantes “de alto nivel”, siete de ellos de América Latina, con lo que se convirtió en la primera representante de México en llegar a dicho tribunal internacional.

En entrevista con La Jornada, la embajadora aseveró que su designación representa un reconocimiento a la política exterior de México y sus contribuciones en el ámbito internacional y multilateral.

México tiene una política exterior feminista

“Ser la primera mexicana que llega a la CPI es una satisfacción y un orgullo muy alto. México es uno de los pocos países que tiene una política exterior feminista, lanzada a inicio de este año y que ha buscado que las voces de las mujeres se puedan escuchar en todos los foros. El que México haya postulado a una mujer es congruencia con sus propios objetivos de política exterior”, señaló.

Si bien su candidatura recibió el impulso y apoyo del gobierno mexicano, a través de la cancillería y de la misión permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la diplomática enfatizó que su actuación en el seno de la CPI se dará a título personal, independiente e imparcial, pues los jueces no pueden recibir instrucciones de ningún Estado.

La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente –amparado en el Estatuto de Roma y que colabora estrechamente con la ONU– cuya misión es perseguir y juzgar a los perpetradores de los crímenes más graves de guerra, de agresión, genocidio y de lesa humanidad previstos por el derecho internacional, esto de manera complementaria a las jurisdicciones de cada país.

El tribunal “es el resultado de una aspiración de la comunidad internacional para evitar que estos crímenes queden sin castigo. El mensaje es: ‘no importa dónde pase ni dónde estés, si cometiste esos delitos serás llevado a la justicia’”.

Actualmente investiga casos ocurridos en Burundi, Costa de Marfil, Darfur, República Centroafricana, Georgia, Libia, Malí, República Democrática del Congo y Uganda.

“Confío en contribuir con experiencia, compromiso, independencia e imparcialidad a que logremos el objetivo de la CPI: la erradicación de la impunidad por delitos muy graves”, concluyó Flores Liera.