Buenos Aires. El mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones, dijo el presidente Alberto Fernández esta mañana al anunciar la construcción de tres mil viviendas en cuatro municipios del conurbano bonaerense dentro de un plan para solucionar los problemas más graves que afectan al país, mientras que la vacuna Sputink V ya se distribuyó en todas las provincias y comenzará aplicarse en los próximos días a los sectores más expuestos en el enfrentamiento contra la pandemia del Covid 19, a pesar de una campaña permanente de la oposición y sus medios de comunicación, que alientan a violar incluso los protocolos de cuidados sanitarios.

"No quiero más dos Argentinas", aseguró Fernández durante la firma de los convenios para el Programa Federal: “Casa propia-Constuir futuro”, advirtiendo que no puede existir una Argentina” dividida entre los que tienen y los que no tienen, sino donde todos puedan desarrollarse y el Estado garantice que eso ocurra".

En este sentido admitió que si ser populista “es ayudar a los que menos tienen soy populista , no sólo estamos cumpliendo con la palabra siento que estamos cumpliendo con nuestra ética”, afirmó recordando que la pandemia llevó a revisar las grandes desigualdades agravadas durante los cuatro años del gobierno de la derechista alianza Cambiemos.

En tanto el ministro de Salud,Ginés González García, salió al paso de esta campaña que intentaba instalar además la versión de que Argentina no quería comprar la vacuna al laboratorio estadunidense Pfizer y aseguró que existe la voluntad de firmar un acuerdo pero que este laboratorio impone “tantas exigencias de inmunidad y prevención, que es como si no le tuvieran fe a la vacuna”. No dio detalles de confidencialidad pero dio a entender que a pesar de la generosidad de Argentina surgieron “condiciones contractuales que necesitaron una ley. La hicimos, pero hay cosas de la ley que no encajan con lo que quiere la firma(…) es muy difícil para nosotros hacer otra ley. No es lo más digno que puede hacer un país”.

Diversas versiones señalaron que Pfizer pedía garantías de inmunidad judicial que comprometían recursos territoriales y estratégicos como el tema de los glaciares como “garantía” lo que resulta “inadmisible”.

Por otra parte, en el campo de los derechos humanos también el gobierno se enfrenta a algunas actitudes judiciales que intentan volver atrás un camino de lucha contra la impunidad que este país abrió hace tiempo.

En estas horas los organismos de derechos humanos y otra entidades denunciaron durante una conferencia de prensa virtual la desaparición de la niña de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba en Paraguay, hija de los prisioneros políticos paraguayos Carmen Villaba y Alcides Oviedo, después de que en Septiembre pasado las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del ejército de ese país asesinaran a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, de la misma familia, todas ellas que vivían en Misiones, Argentina y habían viajado al país vecino para ver a sus padres.

También en esta semana pasada fue detenida Laura Villalba, tía de la niña secuestrada, residente en Argentina que perdió contacto con la niña desaparecida el pasado 30 de noviembre y logró testimonios de comunidades rurales, sobre el secuestro violento de su sobrina Carmen Oviedo Villalba, por uniformados y civiles.

Los organismos solicitan a sus pares internacionales y al gobierno argentino exigir al presidente paraguayo Abdo Benítez no sólo la aparición de la niña de 14 años desaparecida, sino también que termine la impunidad para sus dos primas de once años asesinadas por la FTC del ejército paraguayo.

El pasado 2 de septiembre Benítez celebró ante la prensa el operativo “de inteligencia” realizado por la FTC en el distrito de Iby Yaú declarando que habían sido abatidas dos guerrilleras “en un enfrentamiento cuyo resultado fue exitoso”. En realidad se trataba de las dos niñas vestidas con ropas supuestamente usadas por las guerrillas, en lo que en Colombia llaman “falso positivo”. Hasta ahora nada se sabe de los responsables de este crimen atroz.

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina en un comunicado denuncian que la estrategia de “la inteligencia militar del gobierno paraguayo apoyado por Estados Unidos, Israel y Colombia detectó que en el verano pasado varios niños residentes en Argentina cruzaron a visitar a sus padres –sea que estén en el monte o presos– y pretendieron obtener una superioridad en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo(EPP) golpeando “donde duele”: sobre los niños. Eso obligaba a los padres a tener que moverse de otra forma y en desventaja, considerando el peligro que pesaba sobre sus hijos”, denunciando que este es un caso “típico de Desaparición Forzada por parte del Estado paraguayo” ante lo cual se propuso una urgente campaña de solidaridad.