El inicio de la vacunación contra el Covid-19 deberá crear las condiciones para abatir eventualmente la pandemia, eso es lo que se espera. Pero el proceso exige un esfuerzo enorme de recursos, organización y constancia; no será rápido y requiere formas de contención de los contagios por un tiempo aún indefinido.
No se puede aún relajar el control de la gente para aminorar la propagación del virus. Aunque esto último es casi impensable, tanto por las necesidades de subsistencia de la población, la manera en que nos comportamos y la forma en la que el gobierno federal ha encarado la gestión de la pandemia. México ocupa el cuarto lugar en fallecimientos asociados al Covid-19 en el mundo según las cifras oficiales; después de Estados Unidos, Brasil e India. La incidencia de contagios y muertes entre los trabajadores del sector salud es igualmente muy elevada.
La actividad económica del país registrará una tasa de crecimiento del orden de -9 por ciento este año. Tal cifra se consigna en la Encuesta sobre las expectativas de especialistas en economía del sector privado que hace el Banco de México; la más reciente se publicó el 17 de diciembre pasado. Esa es una tasa a la que convergen en general las perspectivas dentro y fuera del país. La Secretaría de Hacienda previó un crecimiento de -8 por ciento, con un rango entre -7 y -10 por ciento, en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal de 2021.
Es, ni duda cabe, una caída sustancial de la producción, del empleo, los ingresos de los trabajadores, sean empleados o se ocupen de manera independiente; lo es también para un gran número de empresas, sobre todo de tamaño micro, pequeño y mediano. Repercute negativamente en las finanzas del gobierno y trastoca los flujos de ingresos y gastos públicos. Esto último debe enmarcarse en la expresa política de austeridad que se ha impuesto y que ahoga el diseño y la gestión de estímulos más eficaces para aminorar el costo de la recesión.
Las repercusiones de esta situación son hoy ya muy relevantes y se extenderán durante un largo tiempo, afectando las condiciones de pobreza y precariedad de la vida de un amplio segmento de la población. Incidirá de igual modo negativo en la desigualdad que caracteriza a esta sociedad.
Los signos de recuperación que registra el Inegi son aún escasos e insuficientes para remontar el impacto negativo desatado por la pandemia. Dicha recuperación, como se ha insistido, es resultado de la apertura de las actividades económicas que exige un país como este, en el que mucha gente tiene escasos o nulos recursos de reserva, de modo que necesita trabajar y generar entradas para subsistir.
En materia de empleo formal y subempleo el efecto ha sido significativo por la pérdida de puestos de trabajo y la mayor subocupación, mientras la población que labora en la informalidad se ha elevado. Hay otras pérdidas relevantes que no se han computado aún de manera suficiente, como las derivadas del cierre de millares de negocios.
Esta situación se ha compensado por dos factores externos principales: las abundantes remesas que se reciben y las exportaciones de manufacturas, ambas en relación con Estados Unidos. Esto debe verse como una disfuncionalidad del tipo de crecimiento que existe, pero del que dependemos.
El dilema político ha sido abrir las actividades productivas y no es una decisión fácil ciertamente. Provoca un equilibrio inestable entre salud y economía y con efectos adversos.
El recrudecimiento de los contagios del coronavirus junto con el aumento de la ocupación hospitalaria, de las unidades de cuidados intensivos y la escasez de medicamentos, han llevado de nuevo a una fase de disminución de las actividades económicas en diversas partes del país y al exhorto a la población al confinamiento y distanciamiento social.
En este complicado entorno destaca el programa de asistencia del gobierno de la CDMX para aminorar el costo por la interrupción de las actividades económicas (https://covid19.cdmx.gob.mx/servicios-covid -poblacion/apoyos-emergentes-por-semaforo-rojo -en-la-ciudad-de-mexico). Las medidas dan muestra de una bienvenida voluntad política, pero también de la restricción financiera real para atender un caso como este; las asignaciones, que no son de cobertura universal, son limitadas en cantidad y duración.
En la perspectiva de la macroeconomía se establecen de manera preferente las medidas para la gestión del nivel general de la actividad productiva Pero no debe perderse de vista que esa agregación que orienta la discusión en el terreno de la economía, los negocios, las finanzas, la política y la forma misma de gobernar, tiene su basamento en los procesos microeconómicos.
Estos son los que ocurren al nivel de las decisiones de inversión de las empresas; de las inversiones financieras; las fuentes de generación de los ingresos de la población; consumo, el ahorro o el atesoramiento. Esto, que parece obvio, en realidad entraña una brecha que es muy grande entre uno y otro nivel de análisis y de trabajo práctico en la política pública. Hay que zanjarlo de prisa. No hay que subestimar, por ejemplo, el significado de los abundantes retiros que ahora se hacen de los fondos depositados como ahorro forzoso en el SAR.
