Ciudad de México. La pandemia de Covid-19 trajo consigo en el año que está por concluir diversas afectaciones para los colectivos de la sociedad civil: algunos tuvieron que reducir drásticamente su ritmo laboral –para evitar contagios o por el cierre de diversas instituciones de gobierno--, al mismo tiempo que otros padecieron una gran sobrecarga de trabajo, con una transición no siempre fácil del contacto cara a cara al mundo de lo virtual.

En el caso de los grupos de familiares de personas desaparecidas, la emergencia sanitaria provocó una pausa obligada de varias semanas, pero ante la urgencia de seguir con sus diligencias de búsquedas, muchos de ellos terminaron volviendo al campo aun a costa de su propia salud, contó Margarita López, integrante del colectivo Buscando cuerpos en el país.

“Paramos en marzo las búsquedas, pero a partir de junio reiniciamos y rotamos a la gente, para que un día fuera un grupo de cinco familiares, y al otro día, otros cinco diferentes. Ninguna autoridad nos mandó tapabocas, guantes ni trajes tyvek y la gente estuvo enfermándose mucho al explorar fosas”, narró la activista.

“Casos de contagio tuvimos muchísimos en las familias. Muchas de ellas estuvieron muy delicadas y hubo algunos que fallecieron por la pandemia. Desde hace dos meses se suspendieron los apoyos para las búsquedas, pero no nos detuvimos, porque de algo nos vamos a morir: si no es por el Covid-19, va a ser por la inseguridad”.

Según López, la situación se ha agravado porque el gobierno federal retiró casi por completo su apoyo a las familias de personas desaparecidas. “A algunas les adelantaron el apoyo de tres meses para gastos de alimentación y renta, pero no todas las familias están bajo el esquema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y con los movimientos que le hicieron, ésta prácticamente ya desapareció”.

“No hemos parado actividades, al contrario”

En el caso de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, la pandemia no sólo no detuvo sus actividades, sino que las intensificó, debido al alza en los índices de violencia de género, señaló por su parte Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

“Sin duda nos ha afectado con una sobrecarga de trabajo. No hemos detenido actividades en ningún momento ni dejado de atender personas. Al contrario: desde marzo reportamos un incremento en atenciones por redes sociales, vía telefónica y por correo, además de en casas de emergencia y espacios de protección externa”, explicó.

Lo anterior, dijo Figueroa, “nos llevó a un incremento en el gasto de luz y en adquirir más equipos de cómputo. Tuvimos que invertir para transitar hacia la virtualidad y disminuir el tránsito de personas, sin afectar la calidad de la atención”.

Pese a ello, la RNR logró implementar cuatro nuevas casas de emergencia e intensificó su labor de alianzas y gestión de diversas labores. “El Covid impactó nuestras actividades y nos llevó a ser más creativas en nuestras formas de ayudar a las mujeres ante la pandemia histórica de violencia y machismo”.

La dinámica de la pandemia “nos llevó a ser gestoras y a establecer muchas más alianzas de las que ya teníamos, a ampliarlas y extenderlas para atender casos de emergencia. Eso nos ha permitido no rechazar a ninguna mujer que necesite de nuestra ayuda, aun con diagnóstico de Covid”.

La especialista señaló que el alza en los niveles de violencia contra la mujer, registrada durante la pandemia, “nos tendría que movilizar hacia una consciencia colectiva y transitar hacia una política de Estado que sea garante, interseccional, que no sea de fechas o de época de elecciones. Hay que pasar de la simulación a las acciones concretas, y en eso tiene mucho que ver el presupuesto”.

Mayores restricciones a migrantes

Por lo que se refiere a los colectivos de apoyo a los migrantes, la emergencia sanitaria sí obligó a la reducción de actividades, en gran medida porque diversas instituciones gubernamentales con las que éstos grupos trabajan cerraron sus puertas o redujeron sus horarios, de acuerdo con Guillermo Naranjo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

“La pandemia fue un puntapié en la espinilla para las organizaciones de movilidad internacional, porque se estaba dando el fenómeno de las caravanas masivas y nosotros atendíamos de manera masiva y presencial, de 30 a 50 personas diarias, pero con el Covid, ahora tuvo que ser una atención personalizada y esporádica, de 6 o 7, máximo”, lamentó.

El litigante señaló que además de restringir sus actividades, el gobierno “aprovechó” la emergencia de salud para estigmatizar aun más a los migrantes al señalarlos como posibles portadores de Covid-19, lo cual ha puesto en mayor riesgo no sólo a este sector vulnerable, sino también a las organizaciones que defienden sus derechos.

“Nos llama la atención que el tema de la pandemia fue bien utilizado por las autoridades, en el sentido de que lanzaban comunicados para criminalizar a los migrantes, diciendo que eran posibles portadores (de coronavirus) y que esto ponía en riesgo a la población. Ahora se sienten doblemente perseguidos y estigmatizados”, deploró.

“Otro elemento que nos pegó bastante fuerte fue el cierre de las estaciones migratorias para las organizaciones que entran a hacer monitoreo. Bajo el argumento de que no había protocolos de seguridad bien establecidos, las autoridades no permitieron el acceso a las organizaciones de la sociedad civil o lo han retrasado bastante, y eso no nos deja ver en qué condiciones se encuentran los migrantes” en dichos sitios.