Francisco Alejandro García Robles, ex director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México durante la pasada administración, fue detenido en Acapulco, Guerrero, por la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina cumplimentaron una de las cuatro órdenes de aprehensión en contra del ex funcionario, quien fue trasladado al Reclusorio Norte para ser puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual definirá su situación jurídica en las próximas horas.
García Robles posiblemente emitió, en 2017, un dictamen por el cual autorizó la constitución de un polígono de actuación que permitió la construcción de nueve niveles de estacionamientos en un inmueble sobre nivel de la acera.
Es decir, que los nueve pisos fueron adicionales a los 21 de tipo habitacional autorizados sin que fueran cuantificables para el potencial constructivo de un edificio ubicado en Insurgentes Sur 1921, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
Según la FGJ la autorización del dictamen contraviene lo dispuesto en el numeral 10 de las Normas de Ordenación Generales para formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano, publicado en la Gaceta Oficial con fecha 8 de abril de 2005, con lo que los niveles para estacionamiento deben ser cuantificables dentro de la superficie a construir.
De acuerdo con las indagatorias de la FGJ, el ex funcionario probablemente también autorizó 48 obras irregulares entre 2017 y 2018, además de que posiblemente otorgó permisos para el desarrollo de una torre de 34 niveles ubicada en Paseo de los Laureles, colonia Bosques de las Lomas, cuyo predio había sido autorizado para la construcción de seis viviendas unifamiliares de cuatro niveles.
Los agentes adscritos a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos mostraron al presunto responsable la orden de aprehensión que el representante social de la FGJ obtuvo de un juez de control, al presentar datos de prueba de las supuestas irregularidades en la obra autorizada en 2017.
