En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Efectividad del Desarrollo lanza la “Campaña Mundial de Acción contra la Disminución de los Espacios Cívicos”. Las OSC en el mundo están exigiendo a sus gobiernos condiciones propicias para su desarrollo, actuación pública y ejercicio de sus derechos como sociedad civil.
A pesar de que en diversos foros internacionales sobre la eficacia del desarrollo, los gobiernos han asumido compromisos para revertir la tendencia a la reducción del espacio cívico, el entorno es cada vez más desfavorable para las OSC en la mayor parte de los países de América Latina, incluido México. Ante esa realidad, la organización DECA, Equipo Pueblo, junto con otras OSC del país, promueven la “Campaña Nacional por la Recuperación y Fortalecimiento de los Espacios Cívicos”, con el fin de impulsar acciones conjuntas y proponer a los actores gubernamentales medidas que respeten sus derechos, el marco jurídico y los mecanismos de participación para la incidencia, conseguidos a lo largo de años de movilizaciones, presión y diálogo político.
Fue así como lograron una Ley Federal de Fomento que establece la responsabilidad de las autoridades para el fortalecimiento y desarrollo de las OSC, determina las bases sobre las cuales la administración pública federal las fomentará, reconoce los derechos y las obligaciones de las OSC, compromete recursos públicos y define reglas claras para acceder a ellos. Esos avances fueron detenidos con la decisión indiscriminada del Ejecutivo el 14 de febrero de 2019.
Se trata no sólo de la cancelación de los fondos públicos destinados al fomento de sus actividades, sino también de una fiscalización indistinta del ejercicio de los recursos recibidos en años anteriores, e inclu-so de sanciones irregulares. La convocato-ria de la campaña nos recuerda que duran-te décadas las OSC han contribuido, al lado de los movimientos sociales, al avance de la agenda social por la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo sustentable en el contexto de la gobernabilidad democrática.
A pesar de ello, los modelos de abordaje y atención que por décadas innovaron no son hoy un referente, pese a que han operado con una perspectiva de derechos, diversidad e intersectorialidad, con un impacto social probado. En una reciente consulta a diversas OSC del país sobre su situación y desafíos coincidieron en que no hay condiciones ni interés o apertura del gobierno federal para la participación de la sociedad civil.
Los escenarios que se perciben son desfavorables en cuanto a las opciones de continuar sus procesos y proyectos. Muchas han tenido que acotar su cobertura y ámbitos, y otras optar por el cierre definitivo. La descalificación generalizada que se dio hacia ellas ha generado un ambiente de desconfianza y descrédito ante grupos de la población y la sociedad, que asumieron como ciertas tales afirmaciones; ha puesto también en riesgo a personas defensoras de los derechos humanos, del territorio y de otras agendas fundamentales, como la ambientalista, que en distintas regiones de la República han quedado expuestas a una gran vulnerabilidad frente a grupos violentos de poder local.
Existe, además, el riesgo de desincentivar a fundaciones y agencias de otras naciones que han sido aliadas históricas de sus causas. Por eso la campaña demanda un ambiente propicio o entorno favorable para el trabajo de las OSC, el cual implica distintas dimensiones: un marco legal-institucional; el componente económico para su sostenibilidad; el ambiente político para la interlocución y el diálogo gobierno-sociedad, así como la dimensión cultural, que alude a cómo las mira y reconoce la sociedad.
Solicitan que el gobierno reconsidere las medidas tomadas y cumpla con las obligaciones que la Ley de Fomento reconoce para la sostenibilidad de las OSC; la apertura del diálogo político con los gobiernos federal y estatales, para definir medidas y una estrategia que revierta el progresivo cierre de espacios cívicos; la concertación con el Poder Legislativo para formalizar mecanismos de participación ciudadana ante posibles reformas; diálogos multiactor entre gobiernos, donantes y receptores, así como organismos multilaterales y medios de comunicación.
Las OSC promotoras de la campaña, además de sumar adherentes, se proponen combatir el estigma y descrédito generalizado del que son objeto y generar un posicionamiento conjunto con una estrategia articulada, con propuestas concretas dirigidas al gobierno federal, autoridades locales, congresos y donantes; con propuestas para un entorno seguro, respetuoso, sin restricciones y propicio para la sociedad civil. Que el gobierno y los poderes de la Unión reconsideren, abran y fortalezcan los espacios cívicos. Que la Ley Federal de Fomento se cumpla. Que la sociedad se conciba como sujeto de derechos y participe en las decisiones estratégicas del país.
