Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno federal para hacer frente a la pandemia de Covid-19 fue la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales a fin de “garantizar la atención médica de la población sin seguridad social y los derechohabientes de instituciones públicas de seguridad” mientras los nosocomios del sistema de salud público se encuentran parcial o completamente reconvertidos para recibir a los afectados por el coronavirus.
Gracias a este convenio y a la dedicación del personal de los distintos centros Covid-19, fue posible poner en marcha la ampliación en el número de camas tanto para los pacientes no graves como para quienes requieren terapia intensiva, y de esta manera evitar el colapso en el sistema sanitario durante la primera oleada de la pandemia –un esfuerzo que mereció el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, es un hecho que la mayor carga en la lucha contra el coronavirus la han llevado quienes laboran en el sector público: es sabido que los centros de salud administrados por el Estado, cuya principal institución en el rubro es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) operaban antes de la emergencia sanitaria con un déficit crónico tanto de personal como de insumos y equipamiento, y la emergencia no hizo sino exacerbar las carencias y exhibir las difíciles condiciones en que ejercen los profesionales de la salud. Cierto es que las autoridades pusieron en marcha la contratación de 42 mil galenos mexicanos y 500 cubanos, así como la adquisición de materiales y equipos, con el propósito de suplir las carencias heredadas de administraciones anteriores, pero la evolución de la pandemia ha dejado claro que estos esfuerzos son insuficientes para lidiar con una crisis de la magnitud de la actual.
En este contexto, esta semana arribaron a la Ciudad de México 620 médicos y enfermeras pertenecientes al IMSS y procedentes de 13 estados de la República, quienes se ofrecieron voluntariamente para ayudar a sus colegas de la que hoy es la región más afectada por el Covid-19, y conjurar la inminente saturación de los servicios hospitalarios. Los trabajadores de la salud se encuentran alojados en hoteles donde no pueden hacer uso de las áreas comunes ni de los servicios de restaurantes debido al alto riesgo de contagio que supone su actividad. No pocos de ellos afrontaron situaciones difíciles, tanto en lo personal como en lo profesional, a causa del coronavirus, y por ello su ánimo para asistir a los habitantes de la capital del país resulta incluso más inestimable.
Cabe esperar que las extraordinarias muestras de solidaridad de los médicos y enfermeras que llegaron al Valle de México en estos días, en que todos buscan quedarse cerca de sus seres queridos, aunadas al incalculable estrés al que se han visto expuestos durante ya casi un año, inspiren a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades, permanecer en casa, velar por su propio bienestar, tomar todas las medidas preventivas a su alcance y, en suma, abstenerse de cursos de acción que los pongan en riesgo y sometan a mayores cargas a quienes se encuentran en la primera línea de combate contra esta enfermedad.
