Buenos Aires. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Argentina, que establece que sólo podrán reclamar vacantes para la escuela pública “los que no puedan pagar la educación privada” convalida una medida del derechista gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que viola la Constitución, produjo una reacción de repudio en diversos sectores sociales y políticos, porque la resolución judicial es un virtual resumen de los argumentos que utilizó el Ministerio de Educación capitalino a cargo de Soledad Acuña, cuya renuncia exigen numerosas organizaciones gremiales.

Existe ya una causa contra esta medida sobre la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, después de una acción contra los profesorados que funcionaban en esta capital, y que dejó a miles de estudiantes sin poder continuar sus carreras.

Este es un fin de año doblemente alterado: por una parte está la campaña de la derechista alianza Cambiemos y sus medios de comunicación en contra de la vacuna Sputnik V que comenzará a aplicarse el próximo lunes a los sectores más vulnerables, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a pedir que se abandonen “las mezquindades políticas en estas circunstancias”. Por otro lado, el fallo que atenta contra la educación pública un valor histórico para este país, además de otras decisiones que tratan de dejar sin castigo a responsables de crímenes de lesa humanidad en resoluciones de las últimas horas.

De acuerdo al abogado Eduardo Barreyro, quien encabeza la querella contra las disposiciones en educación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, amparado en la mayoría que tiene en la legislatura porteña, se recurriría a la Suprema Corte de Justicia, ya que las disposiciones no solo violan la Constitución sino que el TSJ, se alineó con el gobierno de esta capital.

Este día el presidente Alberto Fernández compartió un tuit de la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, Lorena Pokoik, quien aseguró que “hay que ponerle fin a esta Justicia adicta y arrodillada al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta”; y añadió que “el lamentable fallo es contra toda la comunidad educativa que viene luchando desde hace años por la falta de vacantes".

Por otra parte, la Corte Suprema dictó una resolución que beneficia a dos civiles: los hermanos Emilio y Julio Menéndez condenados en 2012 al comprobarse que habían facilitado una casa de campo en la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires, a 400 kilómetros de esta capital, para ser utilizada por el ejército durante la pasada dictadura militar (1976-1983) para el funcionamiento de un centro clandestino de detención adonde fue llevado y asesinado el abogado Carlos Alberto Moreno.

Moreno defendía a los trabajadores de una gran empresa local cuando fue secuestrado en su casa en abril de 1977 y llevado a la casa quinta de los Menéndez que logró reconocer al escaparse cuatro días después, pero lo recapturaron y asesinaron. Un Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó en 2012 junto a tres militares a los hermanos Menéndez. lo que fue confirmado por la sala IV de la Cámara de Casación Federal.

Sorprende que en estos momentos, la justicia desconozca la condena a los civiles cómplices evidentes de los hechos; y en especial la defensa que hace el presidente de la corte Carlos Rosenkratz, el juez impuesto por el ex presidente Mauricio Macri, quien destacó la condición de los Menéndez como vecinos muy “conocidos y encumbrados”.