Las prisas con que la Duma aprobó esta semana una decena de leyes de corte represivo para dificultar al máximo que los candidatos de oposición –tan sólo los que logren superar el primer filtro de impedimentos y consigan el registro– puedan acceder a la cámara baja del Parlamento ruso en las legislativas del año siguiente obedece al deseo del Kremlin de tener todo listo para asegurar el triunfo del partido gobernante.

En el mismo propósito se inscribe la condena a la diputada municipal Yulia Galiamina –dos años de libertad condicional por participar en protestas no autorizadas– que le imposibilita postularse, con lo cual los adversarios del Kremlin no podrán tener en la Duma a una de las voces de Moscú más críticas.

El caso de Galiamina es similar al de tantos otros que, formalmente con condenas a cuestas, quedan fuera del instrumento dócil en que los operadores políticos han convertido la cámara baja, con mayoría calificada de tres cuartos de los votos.

Esta vez la renovación completa de la Duma no será tan sencilla por el desencanto de una parte del electorado ante los excesos del grupo en el poder y el deterioro del nivel de vida de muchos, desde luego debido a la pandemia, pero también a la política del Kremlin que, como en cualquier país capitalista, beneficia a una minoría de privilegiados que incrementan sus fortunas, mientras aumenta el número de rusos que sobreviven por debajo del umbral de indigencia.

Antes de iniciar el tradicional periodo de vacaciones invernal de 10 días con los inevitables puentes que tienen todos los rusos entre la llegada del Año Nuevo y la celebración de la Navidad ortodoxa, la Duma aprobó –entre otras medidas– que se puedan bloquear las redes sociales si se estima que éstas discriminan a los medios de comunicación rusos; que se apliquen multas millonarias por negarse a retirar una información de los sitios web; que se declare “agente extranjero” a cualquier político y se le finque responsabilidad penal; que se prohíba recibir desde otros países donativos de forma anónima, de “agentes extranjeros” y menores de edad; que sea delito penal bloquear el tránsito, y que se pueda mandar a la cárcel por calumniar en Internet.

El margen de interpretación es tan ambiguo que se pueden aplicar, sin fundamento, cuando así convenga al Kremlin.