Zacatecas, Zac., El ayuntamiento de Mazapil y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJZ) reanudaron “el acoso político y la persecución” contra el campesino Roberto de la Rosa Dávila, defensor del territorio de la comunidad de Salaverna contra la minería. En un comunicado, los integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZ) denunciaron el viernes que “una vez más, el Estado mexicano implementa actos para favorecer a la empresa minera Frisco-Tayahua”, propiedad del magnate Carlos Slim Helú.

Desde hace más de una década, especificaron, un grupo cada vez menor de habitantes posesionarios de la comunidad de Salaverna, encabezados por el delegado municipal, Roberto de la Rosa Dávila, “se han enfrentado a los intentos de despojo por parte de la trasnacional minera, que busca transformar la mina subterránea a cielo abierto”.

En esta ocasión, señaló el OCMZ, las autoridades aprovecharon el periodo de fiestas navideñas para anunciar dos acciones que violan un acuerdo tomado en mayo pasado, las cuales consisten en respetar los terrenos de agostadero y siembra de los posesionarios para no hacer obras mineras.

El 23 de diciembre, Gregorio Macías Zúñiga –quien por tercera ocasión se desempeña como alcalde de Mazapil, dos por el PRI y ahora por Nueva Alianza–, le notificó a Roberto de la Rosa que el municipio autorizó el acceso de la Comisión Federal de Electricidad a terrenos de los posesionarios para colocar un tendido eléctrico que requiere la minera, pese a que ésta no es propietaria de los predios por donde cruzarán postes y cables.

Asimismo, la FGJZ citó al defensor del territorio a que se presente el 28 de diciembre a un “proceso de conciliación” con la minera. Este diario posee copia de ambos documentos oficiales de notificación.

Con estas acciones, señaló el OCMZ, “el Estado mexicano atropella los derechos humanos de la comunidad de Salaverna”.

Además, “la compañía viola los acuerdos del 22 de mayo anterior donde se estableció que la minera no realizaría ninguna actividad por carecer de las escrituras de los terrenos, por lo tanto cualquier actividad es ilegal”.

El 5 de noviembre, por mayoría, diputados de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza en el Congreso estatal votaron en contra de la petición que les hizo la FGJZ para que el Poder Legislativo local separara a Gregorio Macías Zúñiga del cargo de presidente municipal de Mazapil, para enjuiciarlo penalmente por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, según la carpeta de investigación que existe sobre el caso.

El 7 de octubre anterior, el Congreso local recibió la petición del fiscal estatal Francisco Murillo Ruiseco de quitar del cargo a Macías Zúñiga, así como a su síndica, Alma Lucía Leos Perales, para proceder penalmente contra ellos, ante el impedimento para actuar directamente contra ambos, “por tratarse de representantes de elección popular en funciones”.