Ciudad de México. Se requiere de un incremento en la recaudación de impuestos y de un esfuerzo fiscal con la finalidad de que el Estado cumpla con el artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho a la salud, de acuerdo con estudios realizados por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un artículo firmado por Leonardo Lomelí, ex director de la Facultad de Economía y secretario general de la UNAM, sostiene que a pesar de que el gasto per cápita en salud se incrementó de 1997 a 2007 a una tasa promedio de 4.4 por ciento anual, México sigue destinando un monto insuficiente de recursos públicos a la atención de la salud.

Señala que el principal reto para garantizar el derecho a la salud consiste en lograr una cobertura universal del sistema público, con una oferta de prestaciones integral. “La heterogeneidad en la calidad y la disparidad en el número de intervenciones que cubren actualmente los diferentes programas públicos de atención a la salud, consecuencia a su vez de la segmentación del sistema, es un importante factor de exclusión y reproducción de la desigualdad”.

En el texto “Los desafíos del sistema de salud en México”, publicado en la revista Economía UNAM, Lomelí asegura que “no puede haber desarrollo sin un sistema de salud universal e integral”.

Los dos problemas principales que enfrenta el financiamiento del sistema de salud, apunta, son la insuficiencia de recursos y la composición, que descansa excesivamente sobre los hogares, en el llamado gasto de bolsillo. “En sentido estricto, ambos problemas son consecuencia del bajo gasto público en salud, que es resultado tanto de la evolución histórica del sistema como de la fragilidad fiscal del Estado mexicano”.

Agrega que el Estado no puede eludir su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud a todos los ciudadanos. “Para ello, es preciso realizar un esfuerzo fiscal que permita financiar un sistema nacional de salud de estas características. El mercado solamente reproduciría las asimetrías en la distribución del ingreso en el acceso a los servicios de salud”.

El Estado mexicano, plantea, está obligado a cumplir con el artículo cuarto constitucional, que reconoce el derecho a la salud. Para ello deberá desplegar un esfuerzo de concertación política, elevar la recaudación fiscal y elaborar un esquema de transición institucional que permita superar la segmentación de los programas públicos de salud, en aras de lograr un sistema a la altura de las necesidades de la población mexicana.