A dos años de iniciado su gobierno, mucho de lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el fin de las perversas relaciones entre poder económico y poder político no encuentra verificación en la realidad. La continuidad de tal amasiato es, hasta el momento, uno de los mayores escollos para el avance de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Los ejemplos se multiplican en los tres niveles de gobierno, en una dinámica que involucra a funcionarios provenientes de todos los partidos políticos coludidos con intereses económicos locales y regionales.
Es esta situación la que mantiene en riesgo de fracaso el anhelo de los habitantes del valle de San Luis Potosí por convertir la Sierra de San Miguelito en área natural protegida y evitar con ello la depredación inmobiliaria que la amenaza. Recordemos que dicho anhelo fue respaldado sin reservas por AMLO el 24 de mayo de 2019, cuando afirmó en la capital potosina y ante una asamblea ciudadana que votó “Sierra sí, fraccionamientos no”, que la Sierra de San Miguelito “no se toca”.
Desde entonces, la complicidad de los varones del cemento con diversos políticos locales ha pretendido detener los esfuerzos ciudadanos para proteger la sierra. Sin embargo, muchos otros factores han jugado en contra de la promesa presidencial, desde la incompetencia del malogrado Víctor Toledo, hasta las contradicciones de la misma 4T. Baste mencionar la declaración que el pasado 5 de octubre hiciera el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunciando un paquete de 39 proyectos de infraestructura, en los que incluyó una supercarretera de 10 kilómetros entre la ciudad de San Luis Potosí y la zona industrial de Villa de Reyes, atravesando con ello parte de la Sierra de San Miguelito.
De realizarse esta vialidad, largamente añorada por los depredadores inmobiliarios, se detonaría la urbanización de una parte significativa de la sierra, contraviniendo los empeños presidenciales y ciudadanos por preservarla para las futuras generaciones. Dicha vialidad forma parte de un proyecto integral que pretende conectar mediante urbanizaciones el poniente del valle de San Luis con la citada zona industrial, lo cual acabaría con casi 6 mil hectáreas de la parte baja de la Sierra de San Miguelito.
Pero las principales amenazas provienen de las autoridades municipales encabezadas por Xavier Nava, ahora alcalde con licencia y precandidato a la gubernatura, y por su operador Alfredo Lujambio, hoy alcalde interino. Este dúo de panistas ha promovido desde 2018 la anulación del Plan del Centro de Población Estratégico de la ciudad de San Luis Potosí elaborado en 2003, el cual declaró a la Sierra de San Miguelito como Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y Recarga, es decir, como patrimonio ambiental no urbanizable. A cambio, impulsan la aprobación de los nuevos programas municipales de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, ambos diseñados para entregar la Sierra de San Miguelito, con todo y la histórica Cañada del Lobo, a un grupo de empresarios inmobiliarios.
La colusión entre los varones del cemento y el poder municipal se sustenta en la obtención de beneficios mutuos. Éste ha sido el proceder de Xavier Nava desde que inició su oscura trayectoria política en el PRD, del brazo de Ricardo Gallardo Juárez, con quien compartió plataforma política en 2015. Tres años después, metamorfoseado en panista, Xavier Nava ganó la presidencia municipal de la capital potosina con el apoyo de los desarrolladores para garantizar un gobierno comprometido con la eliminación de los obstáculos que hasta ahora impiden tocar la Sierra de San Miguelito. Sin embargo, la resistencia organizada que han realizado los colectivos ciudadanos en diversos frentes, incluido el jurídico encabezado por el abogado ambientalista Carlos Covarrubias, ha logrado detener hasta el momento los embates político-empresariales, con la esperanza de que la nueva titular de Semarnat, María Luisa Albores, logre cristalizar la declaratoria de la Sierra de San Miguelito como área natural protegida bajo criterios de máxima cobertura.
El compromiso de las autoridades municipales panistas con los capitales inmobiliarios y en contra del interés general de los potosinos representa la continuidad de los abusos de poder que tanto han dañado la preservación ambiental. El ejemplo más nítido se halla en el carácter regresivo de los nuevos programas de desarrollo urbano que, de ser autorizados, caerían en la ilegalidad de violar la protección con que ahora cuenta la Sierra de San Miguelito.
Ello explica la estrategia de opacidad que Xavier Nava y sus secuaces han aplicado durante el último mes para intentar obtener los votos necesarios en el cabildo potosino e imponer con ello los nuevos ordenamientos, pues en este asunto el alcalde con licencia se juega los apoyos del capital inmobiliario a su posible candidatura para gobernador. Como lo ha señalado Victoriano Martínez al escribir sobre el tema: “el asunto más público de todos los que hoy se definen por la administración municipal lo gestiona el ayuntamiento en la mayor opacidad”. Los próximos días serán definitorios para el futuro de la Sierra de San Miguelito, y también para la promesa presidencial.
* Investigador de El Colegio de San Luis
