Chihuahua, Chih., La juez de control Cristina Lozoya Gámez, del Poder Judicial Federal, vinculó ayer a proceso a Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde panista de Chínipas y ex funcionario de la administración de Javier Corral, por estar relacionado con el asesinato de la periodista Miroslava Breah Velducea, el 23 de marzo de 2017.
Schultz Alcaraz está acusado de auxiliar a los autores materiales del asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua. También lo imputan por vínculos con Crispín Salazar, señalado como autor intelectual del homicidio de Breach Velducea y líder del grupo delictivo Los Salazar, que controla actividades de narcotráfico en Chínipas.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) presentó 46 pruebas de cargo contra Hugo Amed S. por su presunta participación en el asesinato de la reportera, en calidad de cómplice de Wilberth Jaciel Vega Villa y Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry (autores materiales) y Crispín Salazar.
La acusación señala que Hugo Amed S. colaboró en la búsqueda y entrega de información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio de Miroslava Breach.
El proceso penal contra el ex edil panista de Chínipas se suma a la sentencia de 50 años de cárcel obtenida en contra de El Larry y a otras dos órdenes de captura en contra del autor intelectual y el otro autor material, indica el comunicado de la Feadle.
El asesinato de Miroslava Breach se perpetró cuando Schultz era alcalde y la teoría del caso de la Feadle en el juicio oral contra El Larry señala que los políticos José Luévano Rodríguez, dirigente interino del Partido Acción Nacional, además del vocero panista Alfredo Piñera Guevara, colaboraron con Schultz Alcaraza para grabar una llamada telefónica en la cual Miroslava acepta la responsabilidad por un reportaje publicado en La Jornada en el que denunció la postulación del sobrino de Crispín Salazar como candidato a alcalde de Chínipas por el Revolucionario Institucional en 2016.
Schultz Alcaraz recurrió a José Luévano y Alfredo Piñera para deslindar al PAN del reportaje y entregó al grupo delictivo Los Salazar la grabación de la llamada telefónica.
