La cultura es un elemento importante de las naciones modernas, tanto que la doctrina jurídica relativa a los asuntos estatales comienzan a verla como uno de los componentes centrales de los estados, junto con la población, el territorio y el gobierno. En ello incide la constatación de que la mayoría de los estados tienen una composición pluricultural. Acorde con las nuevas concepciones culturales, el derecho internacional ha establecido un conjunto de normas que conciben la cultura como un derecho humano universal y se han protegido los elementos identitarios de las comunidades culturales que existen en los estados, particularmente los pueblos indígenas. En América Latina la mayoría de los estados se han declarado multi o pluriculturales y, aunque tales declaraciones no han ido acompañadas de las políticas e instituciones que permitan que los efectos de esa realidad se materialicen, han servido para ir creando conciencia del problema y, en muchos casos, para defender derechos.
México no ha sido ajeno a esas tendencias. En 1994 se estableció constitucionalmente la composición pluricultural de la nación con sustento en sus pueblos indígenas, en 2001 se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, su autonomía y algunos derechos que no afectaran al capital, entre ellos el de “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su identidad cultural”; en 2009 se reconoció el derecho de todos los mexicanos de acceder a la cultura y el acceso a los bienes culturales, quedando como obligación del Estado establecer los mecanismos para lograrlo. En varios casos el asunto no ha quedado en meras declaraciones porque algunas leyes han desarrollado las disposiciones constitucionales.
Una de ellas es la Ley de Planeación, que desde 2012 establece en su artículo 2 que el desarrollo del país debe tener una perspectiva intercultural y uno de los principios que debe permear la planeación del desarrollo nacional es “la factibilidad cultural de las políticas nacionales” y el respeto, la protección, la garantía de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, entre los cuales se encuentran la cultura y los derechos a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Pero la más importante es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017, que reconoce los derechos culturales de los mexicanos y obliga al Estado a garantizarlos, reconociendo en el catálogo de derechos protegidos “las prácticas y conocimientos que identifican a los pueblos indígenas”.
Todo esto viene a cuento por los actos recientes de funcionarios gubernamentales encargados del respeto, la protección y garantía de los derechos culturales, pero que en lugar de hacerlo los violentan. Es el caso de la secretaria de Cultura, que ante la evidencia de que la ciudadana francesa Isabel Marant había plagiado diseños purépechas para incorporarlos en sus colecciones de ropa, en lugar de enderezar acciones legales para castigar el ilícito, reparar el daño y evitar que se reincidiera, le pidió una disculpa y cuando ésta la otorgó, además de agradecerle, le propuso una ruta de trabajo hacia el futuro, invitándola a nuestro país a conocer los procesos de elaboración de las prendas plagiadas. Esas acciones tuvieron respuesta del ingenio popular: “Roban mi casa y luego invito al ladrón a tomar el té para que vea cómo hice lo que me robó”, se indicó en redes.
El otro asunto es de las intenciones de crear una Universidad de las Lenguas en la alcaldía de Milpa Alta, en la Ciudad de México, cuyo comité impulsor instalará en estos días, con la participación de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Desde febrero, cuando se anunció el proyecto, en el marco de la instalación del decenio de las lenguas indígenas, expertos en el tema advirtieron lo innecesario de gastar en una infraestructura cuando se podría aprovechar la de normales y universidades que existen por todo el país –algunas incluso ya con proyecto de esa materia en marcha– reduciendo la inversión a maestros, material didáctico y condiciones para que desempeñen sus labores de la mejor manera, con la ventaja de poner la enseñanza cerca de los pueblos indígenas.
Pero en el gobierno parecen ignorar que la cultura es un elemento fundamental de los estados modernos y los derechos culturales prerrogativas de los ciudadanos y pueblos, no de los gobiernos, quienes tienen la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos. Por eso con sus actos trivializan la cultura y violan los derechos culturales.
