San Cristóbal de Las Casas, Chis., A 23 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, “sigue la impunidad total respecto a la identificación de responsables, autores intelectuales y materiales”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

“El Estado mexicano no ha podido señalar quiénes son los autores intelectuales, la cadena de mando que se utilizó para cometer la masacre y las violaciones graves a derechos humanos, antes de la masacre. Seguimos viviendo en completa impunidad porque no ha habido justicia” agregó.

Por conducto de Rubén Moreno Méndez, coordinador del área de sistematización e incidencia del organismo, se exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “ya en este 2021 emita el informe de fondo, por salud mental de los propios sobrevinientes y familiares de las víctimas, pues ya muchos han fallecido y ha habido división interna que ha favorecido al Estado; queremos que la CIDH ponga algo de su parte para terminar con el retraso en el caso”.

–¿La única esperanza que les queda es la CIDH?–, se le preguntó a Moreno Méndez.

–Sí. El caso ante la comisión se litiga allá y no se puede acudir a otro organismo internacional porque, por principio, donde se interpone ahí se litiga. Sin embargo, pensamos que hay una buena disponibilidad de la CIDH, no porque tengan buen corazón, sino porque el caso Acteal está muy bien documentado, desarrollado, con elementos de prueba muy contundentes con los que, sin lugar a dudas, se demuestra la responsabilidad del Estado mexicano en la matanza.

Aseguró que al igual que con los anteriores priístas y panistas, con el actual gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación, “no ha habido ningún cambio, sólo quieren tapar la impunidad que se está viviendo, pero eso no es un cambio, no es una reparación integral que vaya encaminada a reconocer la responsabilidad y el contexto en que se desarrollan las graves violaciones a los derechos humanos, que no sólo se hable de indemnización o de proyectos para las comunidades, sino de una verdadera justicia para que hechos como los de Acteal jamás se repitan en ninguna parte”.

Recordó que, con el argumento de fallas en el debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó entre 2009 y 2011 a casi la totalidad de los indígenas acusados como autores materiales, “no porque sean inocentes, sino porque el propio Estado mexicano reconoció que las investigaciones mostraban violaciones a derechos humanos y procesales también”.