Un juez federal otorgó un amparo al dueño de la empresa Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, a efecto de que la Fiscalía General de la República (FGR) emita una nueva determinación en la que resuelva si es procedente la prescripción de la acción penal en contra del acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía puede impugnar la sentencia para que un tribunal colegiado resuelva si confirma o revoca el fallo.
El Consejo de la Judicatura difundió ayer lunes que el juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México resolvió concederle al empresario la protección de la justicia que ordena dejar insubsistente el acto reclamado, es decir, la negación de la FGR de no ejercer acción penal en su contra.
En la demanda de amparo que promovió Yáñez Osuna el pasado 29 de septiembre, señaló como responsable de negar el no ejercicio de la acción penal al agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Núcleo de Investigación “B” de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Falsificación o Alteración de Moneda, Christian Alfredo Gutiérrez, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la FGR.
El asunto tiene que ver con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAMCDMX/ y su acumulada FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/980/2016, por lo que el dueño de la empresa naviera Oceanografía busca cerrar el caso.
En abril de 2017, Amado Yáñez Osuna, quedó en libertad luego de que el juzgado decimocuarto de distrito de procesos penales federales de la Ciudad de México le fijó una fianza de 7.5 millones de pesos para continuar con su proceso en libertad.
Así fue como abandonó el Reclusorio Preventivo Sur, luego de dos años seis meses de prisión por el delito de violación grave a la Ley deInstituciones de Crédito.
Lo anterior, según las acusaciones en su contra, por haber presentado 166 estimaciones falsas a la entidad bancaria Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos.
Además fue acusado del presunto desvío de un préstamo de Banamex por 55 millones de pesos a AMRH International Soccer, empresa que administraba al equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, del cual fue dueño, caso por el cual la extinta Procuraduría General de la República lo consignó en octubre de 2014, por presunto lavado de dinero.
