De acuerdo con información proporcionada por la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, el crecimiento anómalo de contribuyentes registrados en la zona franca de la frontera norte, donde se encuentra en vigor un amplio programa de estímulos fiscales, es indicativo de un abuso de empresas que mudan a esa área del territorio nacional su domicilio fiscal, pero no sus operaciones, con la finalidad de tributar menos.
Así, el padrón de grandes contribuyentes se incrementó 98.1 por ciento en esa zona, entre enero de 2019 y octubre de 2020, mientras en el resto del país el aumento fue de 34.2 por ciento. Cabe destacar que en la zona franca de la frontera norte se paga 8 por ciento de los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR) de 20 por ciento, en contraste con las proporciones que rigen en el resto del territorio nacional (16 y 30 por ciento, de manera respectiva).
La mudanza fiscal de grandes contribuyentes hacia la zona franca puede ser, en consecuencia, una simulación orientada a encubrir un patrón de abuso, a decir de la funcionaria.
Lo anterior obliga a recordar lo perniciosa que resulta la resistencia de grandes contribuyentes a cumplir con sus contribuciones fiscales.
Ayer por la mañana, en su conferencia de medios cotidiana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por el cobro de impuestos “que no pagaban los que se sentían influyentes”, el erario ha recuperado 800 mil millones de pesos, una cifra que equivale a casi cuatro veces el presupuesto conjunto de los más importantes proyectos estratégicos (Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Corredor Transístmico y aeropuerto de Santa Lucía) y de los programas sociales en curso.
Debe considerarse que cada peso de gravámenes que se deja de pagar por medios tramposos es un peso menos para los presupuestos de educación, salud, seguridad, infraestructura y otros rubros prioritarios.
Es decir, las prácticas de evasión fiscal como las que podrían representar los registros de empresas en la zona franja del norte del país no son faltas sin consecuencias; por el contrario, impactan de manera negativa en las perspectivas de bienestar, desarrollo y equidad. Cierto es que el país ha heredado una tradición de incumplimientos deliberados y planificados de las obligaciones fiscales por parte de grandes causantes, los cuales suelen tener a su servicio despachos de contadores y abogados fiscalistas con gran experiencia en las rendijas de la legalidad que hacen posible, si no dejar de pagar las proporciones debidas de las utilidades, cuando menos desplegar poderosos recursos para retrasar y reducir el pago mediante procesos judiciales.
Más allá de las recientes modificaciones legales que establecieron el fraude fiscal como delito grave, equiparable a delincuencia organizada, es claro que las regulaciones requieren de un perfeccionamiento legislativo, a fin de cerrar rendijas –como la ya referida– por medio de la cual una compañía puede tener su registro fiscal en una zona del país y sus operaciones en otra.
No obstante, es necesario que en la sociedad misma se genere una conciencia cívica desde la cual la falta de cumplimiento de las obligaciones impositivas resulte no un motivo de aplauso, éxito y enriquecimiento, sino una conducta inaceptable y repudiable.
