Buenos Aires., El abogado Tomás Pérez Bodria presentó ayer una denuncia por prevaricato contra los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia a la que adjudica responsabilidad en la existencia del llamado lawfare, el mecanismo de utilización del Poder Judicial junto con el poder mediático, apoyado en un escenario de espionaje y preparación de causas falsas para perseguir políticos opositores y ex funcionarios, violando la Constitución.
Pérez Bodria, dirigente del movimiento político-sindical La Patria Primero, denunció asimismo el rechazo “sin ninguna argumentación” del máximo tribunal a los recursos presentados “sin exponer argumento alguno” contra las condenas dictadas en el caso de la empresa Ciccone, entre las que estaba la causa contra el ex vicepresidente Amado Boudou. En este caso añade el “abuso de autoridad”.
Sostuvo que la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene una enorme responsabilidad de que ese mecanismo del lawfare siga vigente, y mencionó la “guerra” desatada contra la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ex funcionarios de su gobierno. En charla con La Jornada, el abogado denunció la gravedad que tiene para la institucionalidad democrática esa actuación del Poder Judicial, unida a algunos medios poderosos que llevan adelante una “guerra mediática” sin ningún límite ético y que contó con todo un aparato de espionaje.
Los señalados son los jueces Ricadro Lortenzetti, Carlos Rosenkratz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, además acusados por el dictado de fallos no conformes a derecho. La causa se radicó por sorteo ante el juzgado federal, a cargo de la juez María Romilda Servini de Cubría.
Por otra parte, Juan Manuel Olmos, jefe de asesores de presidencia, dijo que que la Corte Suprema no está funcionando bien “cuando tiene un ojo puesto en la tapa (portada) del diario y otro en la Constitución; comete errores, y eso no puede suceder porque es la última instancia y es la que tiene que velar por las garantías constitucionales”.
Entre otros artículos constitucionales, Olmos citó el 18, que sostiene que “ningún habitante de la nación puede ser penado, sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Esto en referencia a la instalación de la llamada Doctrina Irurzun, relacionada con el derechista juez Martín Irurzun que “vino a modificar las reglas que se aplicaban durante el proceso judicial”.
Increíblemente se agregó a la prisión preventiva una nueva condición. Argumentando esta Doctrina Irurzun se mantuvieron decenas de prisiones preventivas de las que fueron víctimas una serie de ex funcionarios que, además, fueron espiados en las cárceles, como también sus abogados y familiares y amigos. “Ocho indagatorias tuvo Cristina Fernández de Kirchner el mismo día: ¿una persona se puede defender con las herramientas del debido proceso si el mismo día tiene que hacer ocho declaraciones indagatorias? Eso tuvo que soportar la ex presidenta y muchos de sus ex funcionarios. Entonces, lo único que se está reclamando es que se aplique la Constitución, que se aplique el debido proceso y que estén vigentes las garantías constitucionales”, sostuvo Olmos.
A su vez, la agrupación Será Justicia, ONG con fondos externos vinculada al lawfare durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), solicitó a diversos organismos internacionales de crédito que evalúen frenar negociaciones con Argentina, con la excusa de un supuesto “plan de impunidad” del gobierno que genera un “debilitamiento institucional”.
Piden al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los principales organismos de crédito que frenen su negociaciones con el gobierno, a pesar de lo que eso significaría en estos momentos críticos. Los ex funcionarios macristas que están en esta ONG sostienen que no hay que prestar dinero porque, según ellos, existe un “grave debilitamiento institucional”. Todo esto, a pesar de que el FMI ha reconocido que el abultado préstamo que se otorgó a Macri fue político y sirvió para la fuga de capitales.
