Chilpancingo, Gro., Cuatro nahuas integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados en la carretera federal Chilapa-Tlapa.
Se trata de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, quienes fueron secuestrados el viernes pasado en Chilapa.
El sábado al mediodía sus cuerpos fueron hallados a bordo de la camioneta en que circulaban en el punto conocido como La Herradura, con huellas de tortura, atados de manos y con tiro de gracia.
Al mediodía de este lunes la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, se vistió de luto para dar sepultura a los cuatro integrantes de una misma familia.
Las mujeres portaron pancartas con mensajes exigiendo justicia para los miembros del Cipog-EZ y responsabilizaron de los crímenes a la organización delictiva Los Ardillos.
Durante el funeral, los pobladores exigieron la intervención urgente del gobierno federal para investigar el homicidio y desmantelar al grupo criminal.
Recordaron que en enero pasado 10 integrantes del conjunto musical Sensación, originarios también de Alcozacán, fueron ejecutados en la comunidad de Mexcalzingo.
En un comunicado, el Cipog-EZ señaló que el 18 de noviembre pasado “rompimos el cerco. Miles de indígenas nahuas recuperamos la movilidad en nuestro territorio, luego de que 22 comunidades fueron cercadas por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, decidimos decir ¡ya basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y sometidos”.
Afirmaron que denunciaron esta situación al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Alejandro Encinas “quien sólo vino a sembrar división y comprar conciencias. Ahora, lejos de hacer justicia, sólo nos envían más muerte y nos mandan señales de guerra. Encinas y (el presidente Andrés Manuel)López Obrador no son diferentes al PRI (Partido Revolucionario Institucional). Ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir”, reprocharon.
“Ya no podemos continuar en la esclavitud. Aquí en la Montaña Baja de Guerrero el Covid-19 es lo de menos: nos están asesinando como a animales sin que nadie escuche o haga algo”, agregaron en el comunicado.
Responsabilizaron de los homicidios de los cuatro nahuas “al gobierno municipal de Chilapa de Álvarez, a cargo del priísta Jesús Parra, al gobierno estatal de Héctor Astudillo, también del PRI, y al gobierno federal. Los tres niveles saben perfectamente lo que sucede, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado”.
El Cipog-EZ aseveró que “Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de Los Ardillos y Bernardo Ortega Jiménez (diputado local perredista) es el mando político; la policía de Chilapa, como ya lo habíamos denunciado, es parte del problema. La Guardia Nacional sabe todo esto y después de tanto tiempo en la zona sólo espían a nuestra organización en vez de desmantelar la delincuencia”.
Acusaron a Encinas de negarse a brindar medidas cautelares; por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no mandó un visitador a constatar las violaciones a las garantías individuales en las 22 comunidades de Chilapa que padecen el “cerco narcoparamilitar”.
“¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad. No queremos ser esclavos del crimen organizado ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados”, exigieron.