Tanto los legisladores como el presidente López Obrador están convencidos de que el Banco de México requiere una reforma legal que se llevará a cabo en 2021. Entre tanto, se escucharán las críticas de los banqueros, pero la decisión ya está tomada.
Hay dos problemas a resolver: la autonomía del Banco de México y el lavado de dinero. En cuanto al primer tema, cuando alguna operación se vuelve obligatoria, como la compra de divisas, se pierde libertad de acción y se limita la flotación de la moneda, ya que se fijará un precio determinado, aun tomando como base las cotizaciones en el libre mercado.
Con relación al lavado de dinero, hay que señalar que en México existe un mercado negro de miles de millones de dólares por exportación de drogas, secuestros, negocios ilegales y por manejo de recursos en los que no se pagan impuestos.
Hasta hace unos meses, la Secretaría de Hacienda se preocupaba por cerrar los circuitos financieros al uso de dinero en efectivo en grandes volúmenes. En la mayor parte del siglo XX, por ejemplo, uno podía comprar un automóvil o una casa con dinero en efectivo o podía llevar al banco una carretilla de dólares para depositarla en alguna cuenta y nadie preguntaba por su procedencia.
Ahora, quien invierte en efectivo tiene que demostrar que el dinero lo obtuvo de actividades lícitas en las que pagó los impuestos correspondientes. Si no comprueba estos movimientos, los distribuidores de autos, los notarios o los bancos no deben aceptar las transacciones porque están fuera de la ley.
El gran problema con la propuesta de Ricardo Monreal es que obliga al Banco de México a cometer el ilícito que las leyes no les permiten a los particulares. Si algún banco, digamos Banco Azteca, ya recibió uno o 10 millones de dólares de un cliente y no está claro de donde provienen esos recursos, el banco central los tendrá que intercambiar por pesos sin poder rechazarlos y sin investigar su procedencia. Hay que señalar que más de 99 por ciento de las remesas de trabajadores no entran al país en efectivo, por lo que ése no es el problema.
Lo que tiene que evitar la nueva ley es que el Banco de México incorpore al mercado financiero formal miles de millones de dólares producto de los negocios ilegales.