Madrid. Decenas de miles de personas se volvieron a manifestar ayer en las calles de esta capital y otras ciudades españolas, en sus vehículos para evitar los contagios de Covid-19, en rechazo a la nueva reforma educativa impulsada por el Ejecutivo integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), que contó con el respaldo de los partidos independentistas catalanes y vascos.

La movilización ciudadana contra la nueva ley educativa, llamada “Ley Celaá (en alusión a la ministra de Educación, Isabel Celaá), ha ido creciendo en los últimos días, en lo que han denominado la “ola naranja” de descontento ciudadano.

La nueva ley educativa provocó una profunda división en el Congreso español, igual que las últimas cinco legislaciones en la materia aprobadas en España en los últimos 40 años, en las que, al igual que ésta, ha sido imposible un “pacto de Estado” entre la izquierda y la derecha para hacer una política educativa de consenso.

En esta ocasión los puntos de desencuentro fueron sobre todo tres: el retiro a los apoyos públicos para la llamada escuela concertada, la supuesta “marginación” del idioma español en algunas comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Islas Baleares y Valencia, donde dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza, y, por último, la regulación de la asignatura de religión para que no sea una clase evaluable y que al final tenga incidencia en el balance global del alumnado.

En la protesta participaron sobre todo familias que educan a sus hijos en las escuelas concertadas –más de 30 por ciento del total de los alumnos en el país–, docentes y directivos de los centros educativos, así como dirigentes y militantes de los partidos políticos de la derecha, sobre todo del conservador Partido Popular (PP) y de la extrema derecha de Vox.

La mayoría de las escuelas concertadas que hay en España tienen una administración o raíz vinculada a una congregación religiosa, lo que explica que la regulación de la materia de religión sea uno de sus caballos de batalla.

La principal manifestación se celebró en Madrid, si bien hubo protestas en otras 20 ciudades, en las que también miles de personas desde sus vehículos enarbolaron la bandera naranja y desplegaron carteles con el lema “Stop ley Celaá”.

“Es una ley injusta, sectaria, que ataca las libertades de los ciudadanos, especialmente la de elección de los colegios a los cuales los padres de familia pueden enviar a sus hijos”, denunció duranta la marcha el representante del sindicato de profesores de la escuela concertada, Francisco José del Castillo, quien también acusó al gobierno de falta de diálogo y denunció que entre el profesorado “estamos hartos de leyes ideológicas en la educación, que hacen imposibles las mejoras en el sector”.

Para contrarrestar las críticas a la nueva ley educativa, el PSOE organizó un acto de partido en el cual participaron los ex ministros de Educación Ángel Gabilondo y José María Maravall, quienes no sólo defendieron la nueva legislación, sino que advirtieron que “es una ley necesaria y urgente que viene a deshacerse de todos los abusos y desequilibrios que se habían amontonado en nuestro sistema educativo. Eran obstáculos para que las personas pudieran seguir progresando. Y está perfectamente insertada en el pacto constitucional”.